Es un mérito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador haber logrado la repatriación desde Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos.
La manera en que la DEA operó la sorpresiva detención del exsecretario de la Defensa obligó a la Presidencia de México a recordarle a los vecinos que la forma importa, y que dado lo mucho que hay en juego con la detención sin aviso de tan alto militar, en un sexenio donde los militares han crecido en importancia, lo único que procedía era corregir el agravio: reponer el procedimiento. Washington accedió (seguro ganarán otras cosas por tragarse el sapo, ellos nunca pierden) y ahora la papa caliente está en cancha mexicana.
Sin embargo, pase lo que pase habrá una decepción.
Cuando fue arrestado el general Cienfuegos, el imaginario colectivo se llenó de expectativas mayúsculas. La caída de un perfil de esa naturaleza, y la novelesca justificación de la DEA sobre los supuestos delitos del exsecretario, alimentaron el apetito de muchos que soñaban con ver a un militar de ese nivel, debiera o no los delitos que le imputaban, tras las rejas.
Si hemos de ser francos, muy pocos le concedieron el beneficio de la duda al colaborador de Peña Nieto, y dieron total credibilidad a las acusaciones de la agencia estadounidense antidrogas. Porque las focas del gobierno no fueron las únicas que vulneraron la presunción de inocencia del militar. Incluso gente de reconocido compromiso con los derechos humanos se sumó a esa cargada mediática.
Ahora que le tocará a la fiscalía mexicana iniciar una pesquisa, la gente de Gertz Manero tendrá que lidiar con un ambiente donde sobra apasionamiento.
Las pruebas enviadas por Estados Unidos sobre la supuesta participación de Cienfuegos en el narcotráfico tendrán que ser evaluadas para ver si pueden ser utilizadas en cortes mexicanas. No sólo por su calidad intrínseca, sino por la manera en que habrían sido obtenidas: sin conocimiento de autoridades mexicanas, en caso de tratarse de intervenciones telefónicas, por ejemplo.
El caso contra el general, pues, empieza desde cero aunque haya una valija diplomática llena de documentos con supuesta evidencia incriminatoria. Ello implica antes que nada que la Fiscalía General de la República requerirá de tiempo para armar un caso, tiempo en que en goce de sus derechos el general podría estar en su casa. Y esto caería como cubetazo de agua fría a los detractores del militar, que verán como un retroceso lo que, en esencia, es un paso obligado: proceder con riguroso apego a las normas procesales.
Porque Gertz enfrentará un reto aún mayor que si le hubieran pedido al inicio del sexenio una detención por consigna contra Cienfuegos. Mientras el tribunal de las redes sociales y no pocas columnas ya habían juzgado al general, ahora el fiscal de la República tendrá que revisar qué tanto de lo que recibió sirve, y para qué sirve.
La probabilidad de que quede en el ambiente la idea de que se rescató a Cienfuegos porque el Ejército demandó a AMLO que no se le dejara a merced de Estados Unidos es altísima.
Gertz ya tenía saturada su agenda con los casos Odebrecht y Estafa Maestra. Ahora tiene que actuar, a contra reloj, para mostrar que no pretende la impunidad del general al tiempo que debe cuidar que Cienfuegos no sea acusado de algo insostenible en un juzgado ni violentarle sus derechos. Un campo minado.
Eso pasa cuando no se hacen bien las cosas desde el principio. Y esto sólo es responsabilidad de Estados Unidos, no de Gertz, tampoco de López Obrador: si desde hace meses los gringos hubieran usado los cauces institucionales bilaterales contra Cienfuegos no estaríamos en este brete.
