Thelma Gómez Durán y Ana Lilia Pérez publicaron el 6 de mayo de 2016 en Newsweek en español el primero de tres reportajes sobre un grupo de empresas que simulaban competencia e inflaban precios al venderle a gobiernos. El señor de las compras públicas se tituló esa primera entrega. Entre quienes contrataban con esa red estaban Jorge Romero y Mauricio Toledo, exdelegados de Benito Juárez y Coyoacán, respectivamente.
“Tan sólo entre 2012 y 2015, las empresas del grupo han obtenido poco más de 70 contratos otorgados por delegaciones, por los cuales han recibido más de 250 millones de pesos”, escribieron las reporteras.
La red de empresas que obtuvieron contratos gubernamentales, en instancias del entonces Distrito Federal y del gobierno de la República, tiene en común a un tabasqueño de nombre Luis Francisco Molleda Cámara. Además comparten domicilios ya sea en CDMX o en Villahermosa.
Entre quienes más contrataron a las empresas representadas por Molleda Cámara estuvo el delegado coyoacanense Mauricio Toledo, hoy diputado federal sometido a un tortuoso proceso de desafuero, pues está acusado por la fiscalía capitalina. Toledo y Jorge Romero coincidieron no sólo como delegados sino también como diputados locales el trienio siguiente (2015-2018), y ahora en San Lázaro.
Gómez Durán y Pérez expusieron en sus reportajes a esta red de empresas que podrían ser descritas como todólogas. Toledo les dio millones de pesos en múltiples contratos y para ilustrar los sobreprecios las reporteras ejemplificaron con la compra de “560 cubrebocas desechables. Cada uno costó 2.98 pesos, cuando su precio al mayoreo alcanza, en promedio, 60 centavos por pieza. Es decir, la delegación Coyoacán pagó hasta cinco veces más por cada cubrebocas”. En otra venta, a la Secretaría de Educación Pública, el sobreprecio llegó a casi el 10,000%.
De igual forma Romero compró, sin licitar, a esa red mercantil: “En noviembre de 2014, la delegación Benito Juárez, gobernada entonces por el panista Jorge Romero, también otorgó un contrato por 1’630,498 pesos por la compra de equipo de seguridad, a través de adjudicación directa, a Le Sommet de Tab”.
Otro ejemplo de la gran penetración que esa red logró con distintos delegados quedó al descubierto en diciembre de 2014, cuando el entonces jefe delegacional de Iztapalapa Jesús Valencia estrelló una Jeep de lujo tras un festejo navideño. Que el entonces perredista pudiera haber ocasionado el percance por haber estado en supuesto estado de ebriedad, cosa que él negó, fue un escándalo, mismo que creció aún más cuando se supo que el vehículo que el funcionario conducía era propiedad de un proveedor de la demarcación más populosa de la capital. La empresa dueña de la camioneta estrellada es de la red Molleda Cámara.
Más de un sexenio después el tinglado empresarial de Molleda Cámara aparece en el mapa de autoridades federales, que detectaron un nexo entre esa red y otro destacado panista: Santiago Taboada, alcalde reelecto de la BJ.
En los reportajes de Gómez Durán y Pérez se menciona que una de las personas que integran la red es María del Rocío Solís Sosa. Esta mujer es referida por las reporteras en La pareja de la estafa, segunda entrega de la investigación. Ella aparece como accionista o representante de un puñado de las empresas ligadas a Molleda Cámara.
Las autoridades detectaron tres depósitos millonarios de Solís Sosa a Taboada en 2020. ¿Por qué? Eso es lo que le encantaría saber al gobierno federal.
Como se sabe, Taboada forma parte del grupo político de Jorge Romero, quien hoy cabildea con diputados para que lo designen coordinador de los panistas en San Lázaro.
