El elefante en la sala del choque entre Julio Scherer Ibarra y Alejandro Gertz Manero es el Poder Judicial. Las acusaciones de las partes, que este fin de semana entraron en una nueva fase, suponen presuntos hechos que no pudieron ocurrir sin la participación de instancias de la impartición de la justicia.
Scherer Ibarra ha relanzado su defensa frente a Gertz Manero. El viernes denunció en la Fiscalía Anticorrupción al Fiscal General de la República y a cuatro de sus colaboradores. Tráfico de influencias es uno de los probables delitos de los que acusa a altos mandos de la FGR y una agente de la misma.
En su relatoría, Scherer menciona conocidos casos emprendidos por Gertz donde éste tiene interés particular –contra académicos del Conacyt, en la Universidad de las Américas y, por supuesto, el litigio contra su excuñada y la hija de ésta–; y señala además otro pleito menos famoso, el de la familia Alarcón. El exconsejero jurídico suma a esa lista la reactivación de una acusación en contra de Santiago Nieto formulada originalmente por Emilio Lozoya.
Del recuento de Scherer se desprende que, de probarse, Gertz Manero en efecto habría utilizado su puesto y recursos del Estado para emprender una cacería con motivos personales y de improbable mérito público. Si la denuncia de Scherer tiene fundamento, cosa de la que la fiscal anticorrupción María de la Luz Mijangos resolverá, vale preguntar: además de utilizar a la fiscalía para su beneficio, ¿qué negociaba el titular de la misma con el Poder Judicial para sacar adelante tan parcial agenda?
La interrogante tiene sentido porque fue evidente, mucho antes de que se conocieran las grabaciones del fiscal con su brazo derecho hablando de sus pláticas con ministros de la Corte para planchar a favor suyo la acusación en contra de su excuñada, que desde su llegada a la fiscalía este funcionario de López Obrador logró activar procesos que o bien no habían prosperado antes –su aceptación en el SNI del Conacyt– o habían sido desechados –como el que en contra de su exfamilia política había fracasado en la fiscalía capitalina antes del inicio del sexenio–.
Por eso, cuando se conocieron las llamadas de Gertz con su subprocurador Juan Ramos, sorprendió el hecho de que espíen a tan importante funcionario, mas no necesariamente las gestiones del fiscal en la Suprema Corte, cuya actuación quedó en entredicho.
Ahora bien, si lo que dice el bando contrario tuviera mérito, si algo hubiera de cierto en lo que la FGR acusó en los tribunales –y de momento suspendió– sobre la supuesta existencia y operación de un grupo de abogados ligados a Scherer que ofrecían presuntos arreglos en casos de alta visibilidad política, ¿cabe la posibilidad de que estos se ofrecieran sin involucrar a personajes del Poder Judicial?
En el arranque del sexenio Gertz y Scherer formaron equipo. Tan lo hicieron que incluso sus instancias colaboraban en el llamado grupo de judicialización, un esquema de selección y coordinación de agendas en casos prioritarios para el gobierno de AMLO. En ese colectivo, se ha comentado de tiempo atrás, estuvieron también representantes del Poder Judicial. Es decir, ni la fiscalía era lo autónoma que se esperaría, y lo mismo aplica para la Judicatura Federal que, aseguran fuentes, participaba sin problema en esa mesa.
En la pugna política que amenaza al lopezobradorismo, ¿qué papel jugó el Poder Judicial?
¿Estará interesado el ministro y presidente de la Corte y la Judicatura, Arturo Zaldívar, en aclarar el presumible rol de juzgadores en las tramas que se han venido develando?
