El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el cimiento menos conocido o menos sexy de la democracia mexicana.
Y está en riesgo sin que la sociedad experimente el escalofrío que percibe cuando el gobierno carga en contra del Instituto Nacional Electoral.
Lo peor es que en este caso no sólo es AMLO sino prácticamente toda la partidocracia la que quiere dar una tarascada a ese órgano antes llamado Trife.
Las resoluciones del tribunal suelen ser crípticas, producto de juicios y debates complicados a ojos de los legos, e impopulares. Son también inatacables. Pero que sean magistrados poco dados a la floritura mediática no les hace menos solventes.
Salvo Movimiento Ciudadano, los partidos alistan cambios al tribunal que podrían representar una regresión. La materia es técnicamente compleja y si la reforma tuviera buenas intenciones, el debate podría ser uno de altos vuelos, uno que implicara a expertos en contrapesos constitucionales.
Recomiendo por ejemplo leer a Jorge G. Castañeda, que días atrás dio contexto sobre tribunales que son vistos como invasivos de competencias de otros poderes.
Independientemente de “argumentos de fondo”, la manera en que se está procesando esta reforma es condenable, pues la partidocracia pretende que nadie se meta en “su vida interna”, y encima anularía derechos de mujeres o representantes de minorías.
Cuando Andrés Manuel López Obrador quiso tasajear al INE con su reforma constitucional antes que nada se reprochó el procedimiento: un cambio sustancial en muchos sentidos, hecho desde el gobierno, sin consulta real a otras fuerzas políticas (consulta que incluyera negociación, se entiende) y desdeñando cualquier opinión de voces independientes.
Se criticó igualmente lo inoportuno de tan radical cambio previo a una elección presidencial: experimentar en el proceso más complejo y concurrente. Todo mal.
Algo parecido ocurre hoy con la reforma pretendida por todos menos MC.
Los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional tienen dirigencias que pretenden extender sus actuales mandatos. Uno de los obstáculos al respecto es el tribunal, que podría –y ya lo ha hecho– atender impugnaciones contra las ambiciones de Marko Cortés y Alejandro Alito Moreno, respectivamente.
Así que de saque tenemos a dos dirigentes, con bancadas que tienen los votos suficientes para darle a Morena la mayoría constitucional, con evidente conflicto de interés: quieren maniatar al tribunal que los puede descarrilar en sus deseos personales.
Reformar al tribunal no debería hacerse sobre las rodillas, desde la unilateralidad de la partidocracia, sin un extenso y real debate, marginando de la redacción de los eventuales cambios a expertos y analistas independientes, e incluso habría que escuchar a las y los magistrados.
No está el horno para bollos. Las dos megamanifestaciones que desde la sociedad se organizaron con la ayuda de los partidos serán traicionadas por estos –que se llaman de oposición– si perpetran un asalto al tribunal que en las formas es idéntico al que buscaba AMLO contra el INE con el plan A e incluso con el plan B.
La sociedad no siente cercanía con el tribunal. En parte porque se le conoce poco o nada, en parte porque sus integrantes a veces sólo son conocidos por sus escándalos (hola Lord Billetes). Sin embargo, hay que recordar que la sobriedad y la no publicidad de los integrantes de tribunales suele ser vista como una virtud.
Defender al tribunal no va a sacar a la calle a miles, ni siquiera a cientos, de personas. Pero si se le da este hachazo puede constituir el plan D perfecto: todo lo que eventualmente intente sancionar el INE, los partidos, y no sólo Morena, lo machacarán en un tribunal debilitado, sin dientes.
