Hay algo de increíble en todo lo que está ocurriendo con Ricardo Anaya y no necesariamente es la cacería de la que es objeto por parte de AMLO.
Desde que en diciembre de 2016 se supo que Odebrecht había llegado a un arreglo en una corte de Nueva York para ser perdonada, en México surgió una gran duda: a dónde fueron a parar los 10.5 millones de dólares que esa compañía brasileña declaraba haber pagado aquí. Cabe recordar que, de inicio, se reveló que esos sobornos se habrían canalizado entre 2010 y 2014, mas de lo que se conoció inicialmente del expediente no surgió la identidad de quién los había recibido.
En ese entonces el procurador general de la República era Raúl Cervantes, quien renunció en octubre de 2017. Al dejar el puesto ese funcionario priista dijo en el Senado que, no obstante su salida, en la PGR quedaba lista la indagatoria sobre los sobornos de Odebrecht: “El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”.
Esas instituciones, sin embargo, nada o poco hicieron con lo que Cervantes les dejó, si es que dejó algo. La PGR, cabe recordar, no volvió a tener titular en el resto del anterior sexenio.
Así que, primera cosa, o Enrique Peña Nieto quiso perdonar a Emilio Lozoya y ordenó que congelaran el expediente dejado por Cervantes, o el mexiquense no podía permitir que avanzaran las pesquisas pues terminarían por involucrarlo a él, o a colaboradores suyos y no sabemos si a personajes de otros partidos o esferas.
Llegó 2018, ganó Andrés Manuel López Obrador y ahora la Fiscalía General de la República nos dice, basados en el testimonio de Lozoya –que se fugó del país en la primavera de 2019 y sería extraditado desde España en julio del 2020– que el dinero de Odebrecht se usó para campañas del PRI, y que otros fondos fueron para comprar voluntades en la reforma energética de 2013, en este último renglón es donde Ricardo Anaya habría pecado, al recibir, siempre según el exdirector de Pemex, 6.8 millones de pesos cuando fue diputado.
Los panistas han alegado que qué necesidad había de que los sobornaran para aprobar una reforma por la que el PAN propugnó desde hace sexenios. Ese argumento, por supuesto, no cancela la voracidad de nuestra clase política, que se acostumbró a sacar raja incluso de iniciativas en las que estaban de acuerdo. En todo caso, debe ser la justicia la que establezca y demuestre que, en efecto, pagaron a Anaya, y a otros, tales sobornos.
Pero judicialmente, 13 meses después del retorno de Lozoya a México, el balance de la FGR sobre el mayor escándalo de corrupción en América Latina, donde por ese caso ha caído una fila de gobiernos, es: cárcel para un exsenador panista bastante mediano; ninguno de los priistas que habrían usado ese cochino dinero en sus campañas tras las rejas (menos que nadie el exdirector de Pemex, que goza de prisión domiciliaria) y Anaya a punto de convertirse en prófugo.
En resumen: ¿Odebrecht sobornó a priistas para ganar multimillonarios contratos, pero por ese caso la cárcel la pagarán algunos panistas?
Guau, por qué no se le ocurrió a Peña Nieto en 2017: habría dejado al PAN sin candidato y en entredicho, en una de esas su partido y Meade no perdían tan feo en 2018, y él no viviría en el exilio, perdón, en el extranjero. Odebrecht en México: increíble.
