Hay un Presidente poderoso, con capacidad de cambiar leyes e incluso con decisión para incidir en la realidad mediante prohibiciones y autorizaciones; o provocando renuncias de funcionarios y sometiendo políticos, empresarios o líderes sociales. Pero ¿tiene México gobierno?
Gobierno entendido como el ejercicio de la autoridad para, mediante una serie de directrices y la ejecución de las mismas, procurar a los mexicanos condiciones para convivir, producir e incluso prosperar al tiempo que se previenen y atajan crisis. ¿El actual Poder Ejecutivo constituye un gobierno?
La pregunta no es retórica. El manejo de la pandemia da para responder que puede ser que sí hay gobierno (se consiguieron bastantes vacunas dadas las circunstancias); pero con las propias vacunas también se puede responder que no necesariamente: la aplicación de las mismas ha sido discrecional –castigó a personal sanitario de práctica privada— y disfuncional –lenta y con millones de dosis en dios sabe dónde–.
Y la pandemia es sólo un caso. Porque sin irnos a la economía o a la justicia, en el mismo campo de la salud hay otro ejemplo, muy puntual, que obliga a preguntarse, en serio, si los que tienen el mandato de cumplir las leyes y hacerlas cumplir, así como de autorizar productos o servicios, entienden que tienen que ser gobierno.
El ejemplo al que me refiero es sobre lo ocurrido con las autorizaciones gubernamentales para los calentadores de tabaco, una de las modernas variaciones del consumo de ese producto.
Yo no estoy a favor de que la gente fume, pero si la gente va a fumar –cigarrillos, puros u otros productos, incluidos los electrónicos–, lo menos que se podría esperar del gobierno es que establezca una directriz clara, con argumentos legales para autorizar o prohibir, y no el desconcertante zigzag que hemos atestiguado en el último año y medio.
Comencemos con lo ocurrido el 19 de febrero de 2020. En ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que prohibía la importación de todos los productos distintos al cigarro: calentadores de tabaco, vapeadores y cigarros electrónicos. Se metían en el mismo costal productos que son para derivados del tabaco y otros que no.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 18 de noviembre de 2020, decidió que la prohibición de cigarros electrónicos y vapeadores sí es constitucional, pero la de los calentadores de tabaco no, porque al ser derivados del tabaco están regulados por la Ley General de Control de Tabaco, y por lo tanto no puede prohibirse su importación.
Tras 8 meses, el 16 de julio de 2021, el Ejecutivo publicó otro decreto, donde se adecua la regulación a lo que determinó la Corte. ¿Por qué el equipo del Presidente lo expuso a que otro poder le enmendara la plana? Ni idea.
A pesar de todo lo anterior, esta semana Andrés Manuel López Obrador anunció que ya firmó un nuevo decreto para revertir el decreto que revertía el anterior decreto. Perdón por el trabalenguas, pero así este gobierno. El martes explicó que su equipo de salud protestó, que esos productos hacen daño y que por eso él rectificó.
De nuevo, el de los calentadores de tabaco es sólo un ejemplo. Si el Presidente va a prohibir y luego a corregir y luego a reprohibir algo, a pesar de la ley, pues sí cabe preguntarse si así opera todo el gobierno, por bienintencionados prontos pero incluso en dirección contraria, en este caso, de lo que estableció la Suprema Corte.
Por mí que nadie fume. Pero ni yo –modestamente– ni AMLO somos la ley.
