Pues México no será Venezuela –sin ofender a los venezolanos–, pero parece obligado que México se formule preguntas sobre qué hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que sus funcionarios aparecen en una trama para burlar el embargo de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro.
En las últimas horas, el diario El País, en conjunto con el prestigiado portal Armando.info, ha publicado dos reportajes que en México deberían ser leídos con cuidado por el Senado, y por entidades de alto protagonismo en la actual administración a fin de demandar rendición de cuentas a los involucrados, en particular a la Cancillería.
El primer reportaje es La red que burló las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, y en él se detalla cómo luego de decretarse en 2014 el embargo de Washington a Caracas, funcionarios del régimen venezolano echaron a andar un esquema para traficar con petróleo, todo disfrazado de operaciones de ayuda humanitaria.
La empresa Libre Abordo, de origen mexicano, y varias personas de la misma nacionalidad –particularmente uno de nombre Joaquín Leal, de apenas 29 años y quien construyó una compleja y amplia red de empresas en varios países– son los intermediarios para negocios por decenas de millones de euros en lo que los periodistas califican como “una red secreta al servicio del gobierno de Maduro desde México”.
La publicación agrega: "El modus operandi que se ha podido reconstruir en esta investigación demuestra que la prestación de ayuda humanitaria era tan sólo un pretexto. El lado mexicano embarcaba los productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo del país en buques. Sin embargo, detrás de esta operación se escondía otra más compleja que dejaba millones de ganancias para los involucrados a través de la reventa del crudo a precios por debajo del mercado, con dinero que eventualmente regresaba a PDVSA como pago por la mercancía”.
En esa misma entrega se menciona que la Unidad de Inteligencia Financiera de México apenas ha comenzado, en mayo pasado, a cerrar el cerco a Leal, quien por esas operaciones ya enfrenta sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En la segunda entrega, sin embargo, se abre paso a la interrogante lógica: pudo un “grupo de empresarios mexicanos” operar esos negocios, que incluían un envío de toneladas de maíz de la Conasupo de este sexenio, sin ayuda o conocimiento del gobierno de AMLO.
Esa segunda investigación, titulada La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con ayuda del gobierno mexicano, apunta indicios reveladores del papel que han jugado al respecto el subsecretario Maximiliano Reyes y el hasta hace poco embajador de México en Caracas, Rodrigo Benedith Reyes, ambos con un pasado en común en la entonces delegación Miguel Hidalgo, en la que ocuparon cargos de dirección:
“Una investigación de El País y Armando.info atestigua que Libre Abordo, una de las compañías involucradas, se presentaba como una empresa nombrada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones. La comercializadora, además, asegura haber realizado negocios con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la agencia gubernamental para la producción y distribución de comida. Documentos en poder de ambos medios y entrevistas con diversas fuentes confirman una relación entre el joven empresario Joaquín Leal, en el vértice de la trama, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes”.
En nombre de los mexicanos, el SAT de Raquel Buenrostro, la UIF de Santiago Nieto y el Senado, que examina nuestra política exterior, de Ricardo Monreal deben tener hartas preguntas para Reyes, Leal y hasta para Ebrard.
