El 22 de mayo el templete donde se desarrollaba un acto de campaña de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León, sucumbió. El saldo hasta hoy: nueve personas muertas, más de un centenar heridas y ausencia absoluta de justicia.
Se trata del percance más grave de estas elecciones, a excepción –por supuesto– de asesinatos de un o una candidata, no pocas veces junto a otras personas. Y se trata de un ejemplo de cómo no han de hacer las cosas los gobiernos y un partido.
La sociedad merece saber qué ocurrió y si se pudieron evitar esas muertes y las lesiones de decenas de personas. En vez de ello, a cinco días de la tragedia, las autoridades de Nuevo León y de San Pedro, y de MC, escatiman información.
Ni el gobierno estatal, ni la fiscalía neoleonesa, ni la autoridad sampetrina han dado una rueda de prensa, formal, con documentación a la mano, con datos concretos, donde acepten preguntas y respondan dudas para saber lo indispensable sobre el trágico evento.
Se sabe que hubo hasta tres alertas de posibles vientos fuertes ese día, pero no se sabe qué actuaciones al respecto tuvieron las autoridades de Protección Civil, municipales o estatales, ante esos reportes de la Conagua y del Meteorológico.
Ni Samuel García, gobernador, ni Miguel Treviño, presidente municipal, han publicado la documentación que acredite que todo estaba en regla en términos de protección civil en la solicitud de Movimiento Ciudadano para realizar el mitin.
De García no sorprende. Es un gobernante que desde hace mucho abandonó, si es que alguna vez tuvo, la vocación de ser autoridad para todos, y se asumió, sin dobleces, en político que abusa del puesto para favorecer a algunos de sus colegas de MC.
Su comportamiento es lógico: tiene todos los incentivos para que encontrar a los responsables del percance no sea tema prioritario. Sí se empleó en la atención a víctimas, pero no en buscar que se investiguen las causas. Anunció apoyos, pero no justicia.
Porque si alguien medra con la justicia es él. Asume sin vergüenza su enorme conflicto de interés. Si a MC, su partido, le va mal, para empezar su esposa (candidata a presidenta municipal de Monterrey) podría resultar afectada en sus aspiraciones.
Pero el tema trasciende a García en lo personal. Su función como gobernador está en entredicho en tanto Protección Civil estatal no quede exento de responsabilidad por los permisos dados para ese templete, y mientras una auditoría no esclarezca otra cuestión central: ¿debieron ordenar la cancelación del evento por las alertas de Conagua y/o el Meterológico?
En similar predicamento está Miguel Treviño, presidente de San Pedro Garza García. Él, que tanto peleó por temas de transparencia, lleva cinco largos días sin publicitar la documentación municipal del mitin. Ni él ni sus colaboradores de Protección Civil son proactivos. ¿Por qué?
¿Alguien hará justicia? Hasta este lunes el nombre de la empresa que armó el fatídico templete no había sido pronunciado oficialmente. Por su parte, el fiscal de Nuevo León anunciaba melifluamente el viernes que ya buscaban a los involucrados para que declarasen. ¡Ah bueno!
Nuevo León y San Pedro, por un lado, y Movimiento Ciudadano, por otro, se publicitan como instancias donde hay modernidad, no burocratismo, apertura, no secretismo, liderazgos cercanos a la gente… etcétera.
Lo cierto es que en Nuevo León el gobernador tasó en 400 mil pesos a cada víctima mortal. Lo impagable sería que se comprometiera a hacer justicia. Que haya investigación, deslinde de responsabilidades y sanciones, además de dinero y vuelta a la página.
