El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá mañana impugnaciones al proceso de revocación de mandato del 10 de abril.
A reserva de que se resuelvan otros procesos sancionatorios específicos, que tendrán que desahogarse en la sala regional especializada, lo que podría pasar este miércoles es que el tribunal confirme el acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre la revocación, mismo que ha sido impugnado por partidos políticos y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Partido del Trabajo y AMLO han cuestionado ante el tribunal las facultades del INE para incluir en su declaratoria de resultados elementos de contexto que exhiben la calidad del proceso.
El Presidente de la República y sus aliados consideran que no debe ser analizada la forma en que se comportaron autoridades y partidos antes y durante la consulta, y que la autoridad electoral de Tlalpan y Periférico debería limitarse a dar el cómputo final.
Se entiende la reticencia del lopezobradorismo: el acuerdo del INE incluye la relatoría de conductas de gobernantes y partidos del oficialismo, cuyos funcionarios desplegaron un catálogo de violaciones a los límites que la ley de la revocación les imponía.
El tabasqueño y el PT pretenden que no sean consideradas por el tribunal las páginas del acuerdo en que el INE exhibe que los gobiernos estaban obligados a suspender la difusión de su propaganda en el tiempo que transcurriera entre la convocatoria y la realización de la consulta, que estaba prohibido usar recursos públicos para recolectar firmas o para promocionar la revocación, que la propaganda no podía incluir la promoción personalizada de ningún servidor público y, por supuesto, lo improcedente del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo, mediante el cual Morena pretendió darle la vuelta a la ley al lanzar una “interpretación auténtica” al concepto de “propaganda gubernamental”.
El INE reporta además que se presentaron decenas de quejas y denuncias por el probable incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones previstas en la Constitución, la ley misma de la revocación de mandato y lineamientos emitidos por ese mismo instituto.
Fueron tantas las inconformidades que, en términos proporcionales, superaron a las que se presentaron en las elecciones federales del año pasado, en las que hubo renovación de la Cámara de Diputados, un proceso que involucra a muchos partidos y, por lo tanto, no es raro que surjan múltiples litigios.
El proyecto del tribunal va en el sentido de desechar la queja del PT, y de establecer que como autoridad el INE no se excedió al aportar la información cualitativa, además de la cuantitativa.
Si así ocurriera, si se queda el acuerdo en sus términos actuales, podemos decir que la historia jurídica de la primera revocación de mandato registrará que hubo decenas de quejas formales por presuntas violaciones por parte de gobernantes y partidos al marco legal de esa consulta.
Esta versión legal de lo ocurrido en el proceso que desembocó en las urnas el 10 de abril asentará indicios de sobra para cuestionar el compromiso de la Presidencia de la República, sus colaboradores, los gobernadores emanados de su partido, y los líderes mismos de Morena con la equidad electoral, piedra angular de la democracia mexicana.
Si no les importó el marco legal ni la equidad en una revocación donde no perdían nada porque la oposición nunca promovió la salida de AMLO de Palacio, ¿a qué no estarán dispuestos en una elección donde sí se jueguen algo?
Por eso no quieren que el INE les exhiba, para negar con papeles la realidad que todos vimos en los hechos.
