Cabe la posibilidad de que no sea cierto eso de que cada mañana Andrés Manuel López Obrador se reúne con su equipo para revisar el tema de la seguridad. Hay que abrirse a tal escenario dados los resultados en la materia. O puede ser que, en efecto, militares y autoridades civiles se encuentren en Palacio, pero se dediquen a hablar de vacunas, de cajeros automáticos del Bienestar, de Santa Lucía, de la prensa o de aduanas, pero no de una estrategia contra la delincuencia. Porque si así fuera, si diario los máximos encargados de enfrentar a los criminales hablan al menos una hora de hechos delincuenciales, entonces hay que preocuparse y mucho.
A lo mejor a esos que se reúnen a revisar cifras de delitos les faltan ideas. Como son un grupo cerrado –ya se sabe que para AMLO si un experto en la materia no está en su equipo no existe, y si el estudioso ha sido interlocutor de la sociedad o de gobiernos anteriores, menos– aquí va una sugerencia de un no experto en seguridad.
Okei. Ustedes heredaron una cifra monstruosa de asesinatos diarios, ¿correcto? Esa tendencia nomás no la han podido bajar, y a menudo hay brotes de violencia en distintas regiones que hacen que sus datitos esos de “ya se detuvo el crecimiento”, o “ya inició el descenso de los índices”, se vuelvan confeti, ¿cierto? Quizá es porque no se han puesto una meta más concreta, menos abstracta o, digamos, socialmente representativa. Una que busque proteger a las comunidades y a sus líderes, y/o castigar ejemplarmente a quienes violentan a esos grupos.
Este fin de semana La Jornada reportó el asesinato el viernes de un líder comunitario en Manzanillo, Colima. David Díaz Valdez, señala el diario, fue por años un activista en contra de la contaminación de la termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno.
Díaz Valdez se suma a la larga e imparable lista de comunitarios asesinados. El mes pasado, para no ir más lejos, el líder yaqui Luis Urbano fue asesinado en Ciudad Obregón, días después de que se reportara la desaparición de Tomás Rojo, otro importante vocero de esa tribu, que finalmente sería localizado en una fosa.
Los líderes comunitarios o defensores de territorio asesinados en estos años, por supuesto, son muchos más.
El problema de López Obrador –bueno, uno de los muchos problemas– es que su estrategia de seguridad no cuida ni siquiera a las comunidades que uno creería que con la llegada de un gobierno que se dice de izquierdas serían prioritarias.
Y ésa es la propuesta. No es mucho, pero es trabajo honesto. El gobierno debe tener por ahí un mapa de conflictividad social. Un reporte geográfico de los problemas por agua, bosques, tierras, contaminación, etcétera. Gente que lleva años resistiendo a delincuentes, caciques y políticos –no es raro que tales personajes conformen una trinidad indivisible–.
Cada que matan a un líder comunitario se pone de manifiesto que hay un grupo que a través de la violencia ha decidido realizar una ocupación territorial. El crimen entonces va más allá de una disputa de poder, es la manera de establecer una maquinaria de despojo de bienes, es un expolio que deja en desamparo a comuneros, indígenas, productores, mujeres, ejidatarios o simplemente familias que ahí habitan. ¿Y el Estado? Bien gracias en tiempos de Calderón, Peña o AMLO.
Resguardar a esas comunidades establecería territorios donde los criminales no pueden imponer sus reglas. Espacios rescatados a lo largo y ancho del país que, de paso, abren esperanza a la sustentabilidad. Esos delincuentes y sus cómplices políticos-policiacos son los verdaderos adversarios.
