Con el peor sentido de la oportunidad, el gobierno de la Ciudad de México publicó el viernes por la tarde, cuando se confirmaban funestos augurios sobre el destino de la joven Mara Fernanda Castilla, que Miguel Ángel Mancera decretó la ilegalidad de las modalidades de transporte gestionadas por usuarios que individualmente decidan compartir una ruta.
Aunque en apariencia ambos hechos –el terrible asesinato de Mara y el sabadazo de Mancera contra servicios como Uberpool– carecen de conexión, pudiera no ser así.
Probada como está la incapacidad de las autoridades para hacer que las concesiones tradicionales de transporte sean seguras y eficientes, los gobiernos deberían no sólo dar la bienvenida sino alentar el arribo de nuevos servicios de transportación, como los gestionados a través de plataformas digitales. A condición, claro está, de que la regulación de las mismas procure las mejores prácticas, y la seguridad la primera de ellas.
Contrario a eso, a unas semanas de abandonar el puesto Mancera ha decidido cerrar la puerta de la capital a las iniciativas que podrían aliviar a ciudadanos que hoy están condenados a un transporte público ineficiente, por no decir desastroso, e inseguro.
El casi feriado viernes 15 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México publicó el reglamento de la Ley de Movilidad para la capital. (http://bit.ly/2yhGup7)
En el artículo 59 se establece que “queda prohibido el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, que se genere a través de dos o más solicitudes con una misma unidad vehicular que realice el mismo viaje a diversas personas, en un mismo recorrido, trayecto o ruta”. Una lectura a rajatabla supondría el paredón para Uberpool, y para otros servicios como Urbvan y la naciente Jetty.
Es decir, Mancera acaba de condenar a los chilangos que no quieran pagar en solitario un taxi o un uber/cabify/etc. individual, a ser presas del pulpo pesero y camionero, la peor parte de un sistema de transporte que ha visto el sostenido deterioro del Metro y el Metrobús.
La decisión carece de lógica sólo si uno olvida que Mancera y el PRD de la capital, como cualquiera de nuestros políticos independientemente de su color, viven un amasiato con los transportistas, a los que regulan poco y mal a cambio de servicios electorales.
Lo anterior nos regresa a la tragedia de Mara Fernanda Castilla. Ante tan horrendo hecho, cualquier comunidad que quiera proteger a sus hijos exigiría que las autoridades cumplan cabalmente con su obligación regulatoria: que el gobierno vigile adecuadamente a quien preste un servicio de transporte, sean estos tradicionales concesionarios o nuevos jugadores de ese mercado.
No es aventurado decir que el gobierno de la capital hoy no sólo carece de un sistema que en tiempo real identifique a choferes y unidades de las rutas de las opciones tradicionales, sino que tampoco hay certidumbre de que la administración mancerista cuente con bases de datos confiables sobre quiénes manejan las unidades de los servicios de transporte que a través de plataformas digitales se prestan en la CDMX.
En resumen. Mancera no solo ha decidido cancelar los beneficios ecológicos y de movilidad que implican modalidades surgidas de la economía colaborativa en el transporte. Sino que con la peor de las sensibilidades políticas y a manera de despedida, condena a los capitalinos a decir adiós a explorar nuevas opciones de transporte, que además de eficientes podrían ser más seguras.
Mancera regala protección a los peseros así sea a costa de los chilangos. Una herencia congruente con los cinco años de desencuentro entre ese gobernante (es un decir) y los chilangos.
