La contratación de médicos cubanos ha provocado polémica. Es que los especialistas mexicanos no quieren ir a donde hay plazas, ha sido, en pocas palabras, la justificación del presidente López Obrador. El debate es utilizado para malinchismos, chovinismos y todo tipo de acusaciones.
Sin descontar que la contratación de médicos cubanos pueda inscribirse en otra agenda entre AMLO y La Habana (no hace falta ser paranoico para plantear esa posibilidad), el gobierno federal le rehúye al meollo del problema: hasta críticos y oficialistas coinciden en que hay egresados de facultades de medicina sin plaza, y plazas sin ocuparse.
Esa paradoja de talento desperdiciado vs. necesidades insatisfechas se debe a que esas plazas están en lugares considerados inseguros (lo cual ya es mucho decir); las clínicas y hospitales carecen del acondicionamiento óptimo (que debería incluir salario digno), y también al añejo centralismo.
Al gobierno que en tres años no ha podido establecer un adecuado abasto de medicinas, hoy nada se le va a creer si dice que las clínicas y los hospitales donde están esas plazas cuentan con óptimas condiciones para la práctica médica. Si de veras quiere entrar al debate, Palacio debería demostrar que así es. Publicar el Excel con la lista de plazas sería una vacilada.
Donde la administración fracasará es al argumentar que es seguro para una o un joven médico trasladarse a la Tierra Caliente, a Zacatecas, a Sonora o incluso a la selva Lacandona, como fue el caso de Mariana Sánchez, médica residente que murió en condiciones sospechosas en enero de 2021 tras denunciar, por escrito, que sufría acoso por parte de un compañero de clínica.
Elena Reina, colega de El País México, publicó en febrero del año pasado las inconsistencias del expediente de 600 páginas abierto a partir de la muerte de Mariana Sánchez, de 25 años de edad, enviada a Nueva Palestina (Ocosingo).
Reina exhibe que toda la “pesquisa” estuvo orientada a demostrar que Mariana se suicidó, sin que se investigara exhaustivamente la denuncia que había interpuesto en contra de su acosador. Esa publicación, que incluyó chats entre Mariana y su madre con las quejas de aquella, fue en febrero de 2021. Desde entonces, y a pesar del llamado de la entonces titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a investigar, y de una queja emitida en junio de 2021 por la comisión chiapaneca de Derechos Humanos, ninguna de las tres carpetas de investigación abiertas por esa muerte han avanzado.
Ni la carpeta por hostigamiento sexual en contra de su acosador, quien desde 2013 tenía una denuncia por abuso sexual. Ni la carpeta por abuso de autoridad en contra de la directora que no atendió la queja por escrito de Mariana.
Y si esas dos carpetas no han llegado a sentencia, la que se abrió por feminicidio, me explica vía telefónica el abogado Carlos Hugo Tondopó, menos ha tenido avances. El defensor denuncia un desaseo generalizado en las investigaciones, el extravío de pruebas o unas periciales “sumamente pobres”.
La madre de Mariana falleció en junio sin saber si su hija en realidad se suicidó o si alguien la mató. Pero al leer los chats entre ambas queda claro que el lugar era inseguro, y de raquíticas condiciones.
Claro, dirán que Mariana era residente y no especialista. Pues que el gobierno corrija las condiciones en que los médicos hacen su residencia, y que se comprometa a que cuidará de los médicos, mexicanos o cubanos, y les dará lo que necesiten para curar pacientes. Incluido verdad y justicia si algo les pasa. Lo demás es propaganda.
