Enrique Peña Nieto intenta regresar a México a los tiempos del Estado policial. La operación de acoso y derribo desatada en contra del panista Ricardo Anaya no es “guerra sucia” electoral. No es siquiera “operación política”.
Que nadie se confunda. No hay cabida para los eufemismos. Esto es la perversión del elemento central del juego democrático: equidad en la contienda, con árbitros justos y un gobierno garante de que serán los ciudadanos, y sólo ellos, quienes decidan quién gana en unos comicios.
La administración de Peña Nieto ha emprendido el asalto de las instituciones; sí, desde el interior de las mismas, y en contra de todo espíritu democrático, para utilizarlas con un único propósito: revivir las raquíticas posibilidades del partido en el gobierno de siquiera llegar a la final en la competencia por Los Pinos.
El más reciente –previsiblemente no último, por desgracia– episodio ocurrió anoche, cuando el gobierno federal descendió un peldaño más en esta desafortunada operación. Predecible como era, la divulgación por parte de la Procuraduría General de la República del video donde se atestigua que Anaya hizo uso de un derecho (no declarar) el domingo en la PGR, no obedece al “interés” de los medios de comunicación por el hecho, como dijo en un boletín la dependencia.
Ahora resulta que a la acéfala PGR le importa el interés de los medios de comunicación. Desde Ayotzinapa y la casa blanca de las Lomas, es decir desde hace más de tres años, la PGR ha demostrado su desprecio por la opinión pública.
El gobierno de Peña Nieto es oso internacional en el caso Odeberecht. Y con esas credenciales a cuestas, ahora la PGR pretende que demos por buena la explicación de que es el interés de la prensa lo que le motiva a dar a conocer una diligencia que, por lo demás, salvo un exabrupto –indebido– de Anaya es insustancial.
Apuntemos, por supuesto, que Anaya intentó el domingo una jugarreta político-electoral, esa sí, al acudir a la PGR. Ese intento del candidato de utilizar un recurso legal como arma de propaganda es algo habitual en campañas.
Pero qué delicado que el dilema para este gobierno sea que debe ponerse al tú por tú con Anaya. Qué devaluadas –más aún de lo que creíamos– están entonces las instituciones de procuración de justicia que han de afanarse en dirimir en la barandilla de los medios el valor de la ley, el valor de quien ha de hacer valer la ley.
No nos hagamos. Liberar ese video tiene un solo objetivo. Dotar de vigor, creen en el gobierno y en el PRI, al argumento de que Anaya se negó a declarar porque algo oculta, porque es culpable, porque no puede explicar este o aquel bien inmueble, aquella o la siguiente transacción inmobiliaria.
La PGR, oficina de comunicación incluida, al servicio de los voceros priistas. Ya ni la mano esconden.
Lo que esta gente, esa del llamado gobierno, pasa por alto con gran irresponsabilidad, es el hecho elemental de que ellos nos representan, a todos, a los mexicanos.
La PGR no es suya, debería ser siempre nuestra. Representa no a su partido, sino a los ciudadanos, por lo menos a esos a los que no les da lo mismo si la bandera está de cabeza o dignamente puesta.
Lo de ayer del video es inédito en contra de un candidato.
¿Qué más veremos? Nicolás Maduro debe estar tomando apuntes de las lecciones del peñismo. Y José Antonio Meade debería no convalidar tan meticulosa intentona de retroceso democrático. Por él, y por México.
