Faltan 13 meses para la renovación de la Presidencia de la República, del Congreso de la Unión, de nueve gubernaturas, y de cientos de puestos de elección más. En ese periodo, el régimen de partido que ostenta la titularidad del Ejecutivo, mayorías legislativas y dos tercios de las gubernaturas emprenderá dos acciones perniciosas para el país.
Desde el Presidente de la República hasta el menos empoderado de los militantes de Morena acelerarán en dos pistas: se lanzarán contra representantes del Poder Judicial y tratarán de hacer con ello proselitismo rumbo a la elección de 2024.
El morenismo incrustado en cualquier espacio de poder se despojará de cualquier atisbo de barniz democrático para promover sólo su agenda. Y la instancia que inmediatamente resentirá esta asonada será el Poder Judicial, en extenso, y la Suprema Corte, en particular.
Andrés Manuel López Obrador ha cerrado el Congreso por la vía de despojar al trabajo legislativo de su esencia plural.
Si antes era sólo en la Cámara de Diputados donde la mayoría legislativa había renunciado a siquiera guardar las formas a la hora de marginar a la minoría, a partir del viernes el oficialismo del Senado entregó lo poco que le quedaba de dignidad, de altura republicana.
El cierre del sexenio ha quedado marcado por la decisión de AMLO de aprobar leyes que le sirvan de parapeto: ha cavado una trinchera que le permitirá, simultáneamente, aumentar la opacidad sobre la operación del gobierno y el militarismo.
Al bajarle la cortina en la cara a la sociedad –por primera vez en el siglo las y los mexicanos no tienen al Inai para que ayude a abrir las cloacas gubernamentales– el Presidente declarará que el país va tan bien que es obligado advertir al Poder Judicial que no se le vaya a ocurrir declarar inválidas las desaseadas leyes aprobadas el sábado.
Las marchas y protestas en contra de la Suprema Corte de Justicia vistas hasta hoy parecerán triviales frente a un panorama en el que el morenismo sabe que ministras y ministros son la única barrera que realmente amenaza sus pretensiones.
Jueces, magistrados y ministros serán denunciados de ejercer un poder metademocrático. Escucharemos en las próximas horas y días cuestionamientos sobre la presunta falta de representatividad de los juzgadores. Quién los eligió y por qué pueden revertir la decisión de una mayoría legislativa, surgida de las urnas.
No será el venidero un debate sobre contrapesos democráticos. Será mucho más simple: ellos ejercen –será el pregón azuzador desde la mañanera– un poder que no vale porque no proviene de los votos, un poder espurio; por eso ellos odian al gobierno “del pueblo”, porque como no provienen de éste no quieren el bien que la mayoría morenista sí desea.
Apegados al manual del populismo, a los del Poder Judicial se les dirá elitistas, privilegiados, indolentes y, en pocas palabras, culpables de ponerse siempre del lado de los potentados.
Las enormes fallas en la procuración de la justicia en México –de un origen diverso que, sin excluirlos, superan la sola responsabilidad de los jueces– serán el caldo de cultivo para sembrar discordia popular en contra de ministros y jueces.
La Corte, su ministra presidenta y todo miembro del Poder Judicial será el objetivo de López Obrador en las próximas semanas y meses.
Para amedrentar a quienes han de juzgar la constitucionalidad de leyes hechizas, para montar una ola de propaganda que galvanice al movimiento.
Así aceitarán la maquinaria de 2024: definirán al nuevo gran enemigo en su batalla ideológica, la Corte, a la que atacarán para avanzar electoralmente. ¿Resistirá el Poder Judicial?
