Como el país cada mañana se parece más a En familia con Chabelo –con rifas, catafixias, adivinanzas de quién es quién en un producto y hasta anuncios de las mejores barbacoas--, vale la pena hacerse preguntas en voz alta de cosas que nomás no tendrían sentido si fuéramos gente normal.
El lunes muy temprano México se enteró que la Fiscalía General de la República se puso guapa y le dio al gobierno de la República, del cual depende presupuestalmente pero es autónoma en el papel, 2 mil millones de morlacos con un cheque de su cuenta en BBVA.
La primera pregunta es por qué la FGR tiene y dona dinero de algo que se supone que proviene de un asunto que acaba de ¿denunciar? ¿litigar? ¿medio ganar? ¿negociar? ¿decretar extinción de dominio? La verdad no sé qué verbo utilizar.
Uno no es abogado. Pero si las cosas siguen donde estaban en el Estado de Derecho de nuestro país, digamos que lo común es que de motu proprio o a partir de una denuncia, la Fiscalía emprenda acciones para defender a otros (incluido el bien común) de ilícitos cuya comisión tiene que probar. Y que probados estos, quien haya sido encontrado culpable deberá pagar los daños. Si la Fiscalía hubiera decomisado bienes precautoriamente, en caso de perder tendrá que devolver los mismos. Por lo visto el lunes, tienen mucha fe en que el juez les dará la razón.
Entonces, la primera pregunta es quién (o quiénes) fue (fueron) el (los) dañado (s), quiénes son pues las víctimas de los delitos que permitieron a la Fiscalía recuperar esos 2 mil millones de pechereques.
Si hemos de hacer caso a la prensa seria (no se rían), esa víctima fue el Infonavit.
Desde el lunes en la noche, medios electrónicos revelaron datos sobre la identidad de los presuntos devolvedores de esos milloncitos, y la identidad de tales personas nos lleva a un caso conocido por la opinión pública, uno que Alejandrito Murat y David Penchyna, exdirectores del Infonavit, no han terminado de explicar.
En un par de renglones: esos colaboradores de Peña Nieto son los responsables de que se haya pagado a una empresa –Telra Realty, ligada a Fibra Uno— más de 5 mil millones de pesos por no hacer nada. ¿A poco el presidente galán no supo nada de ese negocio? Raro.
Volvamos al tema. Si la prensa tiene razón, Telra Realty, denunciada en 2018 por Penchyna, ahora le habría devuelto a “alguien” 2 mil de esos 5 mil millones del águila.
La pregunta de los 64 mil pesos es: si es cierto que Telra Realty devolvió dinero de tan jugoso negocio con Murat-Penchyna, por qué el lunes no se le regresaron esos fondos a la víctima de esa operación, que es ni más ni menos que el Infonavit.
Solo por si no lo recuerdan, el dinero del Infonavit no es del gobierno, sino de los trabajadores que cotizan en ese sistema.
Lo que nos llevaría a una situación tan chusca que ni Chabelo la habría aceptado televisar pues los amiguitos de su audiencia no se la hubieran comprado: ¿por qué ahora se va a usar dinero de los trabajadores en un avión? ¿Hasta como catafixia está muy manchada, no? ¿Mira cuentahabiente del Infonavit, esta lana no se va a más créditos de vivienda, sino a la quebrada Loteria Nacional? Si se confirma que el gobierno está disponiendo así de dinero que es suyo, pues de eso a expropiar pensiones hay un paso buble gummer muy chiquito.
O dicho de otra forma: transferir discrecionalmente fondos de trabajadores para otros propósitos y gobierno latinoamericano de izquierda (es un decir) no hacen buena rima.
Una duda más: no estaríamos mandando un mensaje de impunidad a empresarios gandallas con un arreglo de “entreguen” 40 por ciento de lo robado y el pueblo ya no va a reclamar, así hayan jineteado por años esos 2 mil melones.
En fin. Son preguntas para una tarde de martes luego de que en un país sin crecimiento ni justicia de repente aparecen 2,000,000,000 al tiempo que ni la Fiscalía ni nadie emite un boletín oficial que explique quén pomó esos miles de milloncitos. Áaaaaamonos.
