Ciro Murayama expuso hace un par de semanas su optimismo de que por la pluralidad de México y por las reglas electorales, el oficialismo no alcanzará el 2 de junio la mayoría necesaria para cambiar la Constitución. Y lo ejemplificó con en el Senado.
El plan C de Morena y aliados para cambiar la Constitución requeriría de 86 de 128 senadores:
“¿Qué se necesita para lograr 86 senadores?”, cuestionaba Murayama. “Pues ganar las 32 entidades, lo que daría de entrada a 64 senadores. Y, luego, sería necesario obtener 22 senadores de la lista nacional y así alcanzar el número mágico de 86. Pero para hacerse de esos 22 senadores se requiere lograr 68.8 por ciento de los votos. Ser primera fuerza en las 32 entidades y recibir casi siete de cada 10 votos ciudadanos. Se puede escribir, pero es imposible de conseguir en la realidad”.
“Ni siquiera en la elección de 2018, con el gran caudal de votos hacia Morena y sus aliados, se alcanzó la mayoría calificada. En esa elección al Senado, los partidos de Juntos Haremos Historia (JHH) ganaron en 25 entidades, por lo que se hicieron con 50 senadores de primera mayoría. En otras cinco entidades, la coalición JHH quedó en segundo lugar: por esa vía recibió cinco senadores más. De mayoría lograron 55. De la votación nacional emitida al Senado (…), Morena obtuvo 42 por ciento de los votos, lo que le dio 13 senadores de lista nacional; el PT tuvo 4.3 por ciento de la votación, que le dio un senador de lista. Así, la coalición del gobierno se hizo en 2018 con 69 senadores (…) quedó a 17 legisladores de la mayoría calificada de 86”.
Pero qué tal que Morena y el PVEM amarren una vía para repartirse los tres senadores no plurinominales de algunas entidades, los dos de la mayoría y el que entra por primera minoría.
En Chiapas, por ejemplo, donde los morenistas y las huestes de Manuel Velasco asegurarían tres escaños. Y lo mismo en entidades donde el PVEM ha acumulado fuerza: San Luis Potosí y Quintana Roo.
Si la alianza de candidatos por separado con el PVEM se llevara a otras entidades, como el Estado de México o Hidalgo, ¿el PRI será capaz de resistir si expriistas como el mexiquense Eruviel Ávila o la hidalguense Nuvia Mayorga operan con y para el chaleco verde?
En otras entidades lopezobradoristas como Tabasco u Oaxaca también se puede dar este “pleito filial” que tan bien les pagaría.
Y si bien en Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Chihuahua no se contempla el escenario de que quienes hoy ahí gobiernan acaben en tercer lugar, ¿alguien descarta a Morena como primer lugar en bastantes de esos estados, obteniendo así más que en 2018?
Retomo a Murayama. Él recuerda que en 2018 Morena ganó los dos escaños de 25 estados (50) y otros cinco por terminar en segundo. En 2024 el lopezobradorismo tendrá jefe de campaña en Palacio Nacional, y 23 estados en los que el gobernador será responsabilizado por el resultado.
Además la marca de Morena llega muy potente a las campañas. Algunos candidatos sumarán posibilidades a esa ventaja, otros abanderados, sin duda, harán que pronósticos halagüeños en encuestas cambien para mal.
Pero Morena y aliados diseñan una estrategia oficialista de filigrana para la búsqueda de los necesarios 86 escaños de la mayoría constitucional, porque están lejos de conformarse a que es prácticamente “imposible” lograr ese número. Si para ello deben simular compentencia fraternal, eso y más harán.
