Loretta Ortiz es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su esposo –el muy conocido José Agustín Ortiz Pinchetti– trabaja en la Fiscalía General de la República. Por esa razón hubo quien pidió que la ministra se excusara en la votación de ayer del pleno de la SCJN, en la que se estudiaba un caso que implica al superior de su marido. Pero en la sesión de este lunes quizá no era la única que debía reconocer la posibilidad de un conflicto de interés.
Desde que se conocieron los audios en los que Alejandro Gertz Manero se exhibe como alguien que tuvo acceso al proyecto que finalmente ayer se desechó, mismo que –según se oye en esa filtración– no le gustaba al propio fiscal general de la República, se desataron las especulaciones sobre la viabilidad de la permanencia de Gertz en la FGR. Y aunque el presidente López Obrador lo respaldó la semana pasada, persisten versiones de que ya se barajan nombres para sustituir a quien fue designado para nueve años.
Entre los nombres que se escuchan está el de Arturo Zaldívar, cabeza del Poder Judicial. Por supuesto, hay quien objeta que está impedido por la ley, pero fuentes consultadas señalan que se argumentará que él no es un ministro, sino el presidente de la Suprema Corte, cargo que concluye a fin de año. De esa forma le darían la vuelta al artículo 101 constitucional que a la letra dice:
“Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación”.
“Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución”.
Esa fracción del artículo 95 establece los requisitos para ser ministro o ministra: “VI.- No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento”.
Al interpretar lo que esos artículos limitan, hay quien incluso sostiene que el fiscal general no es formalmente “representante” en los procesos ante los órganos del Poder Judicial, que eso le corresponde al Ministerio Público. Así que también por esa vía Zaldívar estaría sin impedimento.
Desde enero de 2019 preside el Poder Judicial. Y desde la presidencia de la Corte, a diferencia de las demás ministras y ministros, no integra ninguna de las dos salas, ni presenta proyectos.
¿Eso de que no es ministro suena rarísimo, incluso descabellado? ¿O en contradicción con la propia ley orgánica del Poder Judicial? Pues sí, pero las versiones que corren dicen que habrá más argumentos.
Ayer se interpretó que Gertz perdió en la Corte. Pero esa derrota no fue total: ministras y ministros le dieron espacio y tiempo. Si ayer hubieran liberado, en cambio, a la señora Alejandra Cuevas y dejado sin efecto la orden de aprehensión en contra de la madre de ésta, Gertz sería insostenible.
Pero al final queda una pregunta simple: ¿quiere Arturo Zaldívar ser o no fiscal? Veremos qué ocurre, y cómo vota en este caso contra Gertz el presidente de la Corte.
