Nos hemos acostumbrado a pensar que el combate al crimen organizado pasa, esencialmente, por los golpes realizados con sangre, balas y fuerza. Particularmente en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se impuso una lógica mediática de la justicia. Basta recordar las transmisiones de los enfrentamientos sangrientos, de los decomisos espectaculares y la presentación de detenidos con armas y equipo táctico que tenían consigo.
El circo mediático no siempre salía de manera correcta. En algunas ocasiones se presumían a “objetivos prioritarios” que en realidad eran bajos mandos en sus estructuras criminales, en ocasiones se actuaba con premura y la evidencia se contaminaba o simplemente se liberaban a quienes se presumía su detención.
Estos elementos, sumado a las lamentables muertes de las fuerzas del orden o de civiles, pusieron en cuestionamiento la estrategia de intentar vencer al crimen organizado, desde la corrupción hasta el narcotráfico, con el enfrentamiento de fuego contra fuego.
Durante años, numerosos especialistas señalaron la necesidad de impulsar un combate desde una arena más técnica que táctica, particularmente desde el sector financiero. Una estrategia que exige diligencia, “seguir al dinero”, detectar triangulaciones y socios, recolectar evidencia y dar un duro golpe a las cuentas del hampa.
Cerrarle el grifo de la solvencia económica a las estructuras criminales podría significar una merma en sus capacidades y, por consecuencia, se lograría su debilitamiento con la ventaja de evitar que se pongan en riesgo vidas.
Pareciera que esa táctica se está implementando desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dirigida por Santiago Nieto, abogado que en su encargo también ha estado la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Los golpes de esta Unidad han sido importantes en el combate de distintos delitos y, en las últimas semanas, logró identificar operaciones financieras sospechosas de provenir del crimen organizado o de actos de corrupción. Destaca la orden de aprehensión girada contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin y de Alonso Ancira, directivo de Altos Hornos de México, por su presunta participación en actos de corrupción en el sexenio pasado que involucró una compra a sobreprecio de una planta chatarra por parte de Petróleos Mexicanos.
Esta investigación significó el análisis de cuentas en Suiza, transferencias así como fideicomisos en Canadá y la compra de inmuebles en Ixtapan y la Ciudad de México. La trama también implica a un socio conocido de la corrupción latinoamericana: Odebrecht, empresa famosa en todo el continente por sobornar a altos mandos de empresas paraestatales para lograr sus objetivos económicos.
Merece también una mención especial el trabajo realizado desde la trinchera del periodismo de investigación, el cual desde distintos medios de comunicación, he hecho un magnífico trabajo dándole seguimiento al dinero sucio y presuntos sobornos presentes desde el caso Lozoya hasta la Casa Blanca.
Esto demuestra que la inteligencia financiera se puede convertir en una poderosa arma para vencer a la corrupción en nuestro país. Sumado a ello, este tipo de labor podría provocar que se presenten pruebas contra políticos, empresarios y demás personas que sucumban ante la tentación del lavado de dinero del crimen organizado.
Está en marcha pues otra lucha contra el hampa, una que podría significar dejar el combate frontal en los campos de batalla y suplirlos por el trabajo de investigación. Esperemos que esta tendencia logre influir y ayudar en las corporaciones policiacas estatales y federales para desmantelar la capacidad de quienes hoy dañan tanto a nuestra sociedad.
