La nueva embestida al marco institucional de México no sólo es motivo de preocupación por el riesgo que representa para la división de poderes, sino que cruza una línea roja sobre la autonomía del Poder Judicial que el titular del Ejecutivo dice respetar.
La petición del presidente López Obrador para investigar la actuación del juez de distrito que otorgó la suspensión provisional contra el decreto que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, sólo un día después de su entrada en vigor, se ve como una amenaza a la independencia judicial.
En la carta enviada al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, AMLO solicita que se determine e informe si al juez le correspondía o no otorgar la suspensión a quienes no la solicitaron y si es de su competencia resolver el asunto.
El juez Gómez Fierro concedió la suspensión solicitada por empresas de energía solar y eólica, pero determinó que ésta deberá tener efectos generales, pues de otorgar una medida cautelar con efectos particulares estaría dándoles una ventaja competitiva frente a las demás participantes de la industria eléctrica.
En términos similares, el juez De la Peza López Figueroa también otorgó suspensiones provisionales contra los efectos de la reforma eléctrica.
Zaldívar defendió el sábado a los jueces del Poder Judicial de la Federación, un día después de que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, criticara la decisión de Gómez Fierro y anunciara que “vamos a pedir una revisión al Consejo de la Judicatura sobre el actuar de este juez”.
“Las y los jueces federales actúan con independencia y autonomía. El CJF garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial”, escribió Zaldívar en Twitter.
Sobre la carta enviada al ministro presidente de la Corte, López Obrador argumentó ayer que “no es intromisión al Poder Judicial, y somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de los jueces, pero no pueden ser intocables”.
Zaldívar respondió a AMLO que “su queja será remitida al área correspondiente del Consejo de la Judicatura Federal para que, de existir elementos para ello, se abra la investigación que en su caso procediera, con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional, así como a las garantías que la protegen”.
Mientras se pretende investigar la actuación de Gómez Fierro, probablemente mañana el juez resolverá en la audiencia incidental sobre la suspensión definitiva en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Si se concede la suspensión definitiva, AMLO ya dijo que acudirá a la Corte, que seguramente tendrá que analizar y resolver sobre la probable inconstitucionalidad de la reforma, que modifica el criterio de despacho económico de energía eléctrica para darle prioridad a la generada por las hidroeléctricas y centrales de la CFE sobre la de particulares y empresas privadas.
La Corte ya había declarado inválido, en buena parte, el acuerdo de la Sener por el que se creaba la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que si bien se dejó insubsistente, sus elementos principales fueron retomados en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Más allá del debate sobre la suspensión judicial, los ataques y cuestionamientos a las decisiones de los jueces por parte del Ejecutivo, que amenaza con acusarlos ante el Consejo de la Judicatura, agudizan la debilidad institucional del país y ponen en entredicho la independencia del Poder Judicial.
