Porque el gobierno de Corral investiga al PRI por presunta corrupción
El PRI denunció ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el presunto uso indebido de recursos públicos para hacer campaña electoral a favor de Ricardo Anaya.
El secretario de Operación Política del tricolor, Héctor Gómez Barraza, detalló que la denuncia de hechos incluye a funcionarios del gobierno de Chihuahua, pues argumentó que participan en estas actividades proselitistas en horario laboral.
Acompañado por la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor; el secretario técnico del Consejo Político Nacional, Ernesto Gándara, y el presidente del Instituto Jesús Reyes Heroles, Paul Ospital; Gómez Barraza señaló que presentaron pruebas como testimoniales, así como los propios discursos y declaraciones de Corral en los que supuestamente se evidencia que la caravana que realiza tiene fines electorales.
“Le exigimos al gobernador que deje de utilizar los recursos públicos con fines electoreros, la caravana es un acto proselitista en favor de Ricardo Anaya, quien es el jefe político y patrón de Javier Corral, todas las actividades realizadas durante la caravana que se ha convertido en un carnaval son ilícitas, ya que se han utilizado recursos públicos con fines electorales. Es evidente que el carnaval de Corral es un simple evento proselitista”, aseveró.
El secretario de Operación Política reprochó la actuación "incongruente" del gobernador chihuahuense, pues acusó que mientras emprende una caravana con el argumento de reclamar recursos para la entidad, malgasta el presupuesto del estado para promocionar las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya, precandidato de la coalición entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Por ello, dijo Héctor Gómez, la petición a la Fepade es para que a la brevedad realice una investigación minuciosa sobre el caso y determine los delitos en los que ha incurrido Corral con su activismo mediante el cual, acusó, también busca desprestigiar al PRI.
Al respecto, Claudia Pastor apuntó que la Ley General en Materia de Delitos Electorales advierte que los servidores públicos no pueden destinar o utilizar fondos o servicios que tengan a su disposición en apoyo o perjuicio de un precandidato o partido, pues establece sanciones que contemplan la inhabilitación y hasta la destitución.
