La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó a Felipe Calderón y otro expresidente de México licencia para portar armas de fuego, revela uno de los millones de documentos que hackeó el grupo Guacamaya.
El informe revela que entre 2015 y 2021 la Sedena dio 481 licencias particulares individuales de portación de armas de fuego a gobernadores y un exgobernador, senadores, diputados, jueces, empresarios, periodistas y dos cantantes.
Ese reporte no revela la vigencia de las licencias, ni da nombres de los peticionarios, pero sí es posible deducir la identidad de algunos de ellos.
Tal es el caso del expresidente Felipe Calderón, quien desató en 2006 la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México.
En su solicitud, en 2020, Calderón consideró imprescindible tener un arma debido a la inseguridad que se vive y al cargo que desempeñó como presidente (2006 a 2012).
Del otro expresidente lo único que dice el documento es que el permiso se tramitó en Guanajuato, lo que hace presumir que se trata de Vicente Fox, originario y residente de aquel estado.
El documento de la Sedena, fechado el 22 de agosto pasado, enlista las licencias que dio, por año y la actividad del solicitante.
Durante la 4T se entregó 70 por ciento de las 481 licencias. En 2015 fueron 44, en 2016, 47; en 2017, 20; en 2018, 30; en 2019 la cifra se disparó a 212; en 2020 fueron 94 y 2021 se otorgaron 34.
Entre quienes pidieron licencias hay 15 gobernadores, un exgobernador, cuatro senadores, 21 diputados, 15 servidores públicos, 7 jueces, 278 empresarios, periodistas, dos cantantes, entre otros.
Los argumentos de quienes solicitaron y obtuvieron las licencias son variados, pero predominan los temas de inseguridad o los cargos que ostentaban al momento de solicitar el permiso.
La Sedena señala que, independientemente de la ocupación, para entregar una licencia se toma como parámetro indispensable que el peticionario desempeñe labores que requieran la portación de armas y/o que en el desarrollo de sus actividades esté en inminente peligro.
Lo anterior debe justificarse con un escrito de solicitud, carta de modo honesto de vivir y documentación probatoria. Finalmente, la Sedena dice que el Estado está al cargo de la seguridad pública y es obligación de las autoridades dar seguridad en las calles.
