Los 31 gobernadores y gobernadoras de todo el país, así como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se unieron y solicitaron a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mantener la prisión preventiva oficiosa.
En una carta firmada por los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), realizaron un pronunciamiento en calidad de Amicus Curiae, respecto a la discusión y resolución que deberá emitir la Corte sobre la eliminación o no de la prisión preventiva oficiosa.
Sin distingo de partidos, en el documento estamparon su firma mandatarios panistas, morenistas, emecistas y priista, quienes consideraron que eliminar esta medida preventiva impactaría negativamente a la seguridad del país.
“La figura de la prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito (...) se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país", dijeron.
A la par, las y los mandatarios consideraron que estos cambios generarán problemas administrativos.
“No podemos dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, dijeron.
¿Y por qué se discute la permanencia de la prisión preventiva oficiosa? Debido a una reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esa medida cautelar.
