El juez Juan Pablo Gómez Fierro parece convertirse en uno de los enemigos principales del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser el que ha puesto varios frenos a planes y proyectos de la Cuarta Transformación.
La más reciente polémica ocurrió con la suspensión de una multa por casi 10 mil millones de pesos a la empresa Iberdrola.
Pero... no es la primera vez que Gómez Fierro contraviene los intereses de la actual administración. En lo que va de su trayectoria ha otorgado suspensiones a la reforma eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos y recientemente a la política de la Secretaría de Energía que obliga comprar gas a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Esto ha provocado que sus decisiones incomoden al presidente López Obrador, quien lo considera defensor de los ‘famosos’ grupos de intereses creados.
Nacido en San Luis Potosí en 1983, Gómez Fierro, decidió seguir los pasos de su padre y formarse como abogado. En 2005 se tituló en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la tesis “La controversia constitucional como medio de control en el sistema jurídico mexicano”.
Tras finalizar su carrera viajó a la Ciudad de México para ingresar en 2002 al Poder Judicial de la Federación y desde entonces ha desempeñado los cargos de Oficial Judicial, Actuario Judicial, Secretario de Juzgado, Secretario de Tribunal y Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte.
Nombrado Juez de Distrito en 2015, Gómez Fierro actualmente es el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Gómez Fierro concedió en marzo del año pasado, un total de 14 suspensiones definitivas solicitadas por empresas que tramitaron amparos contra la reforma eléctrica de AMLO.
Además, aceptó a trámite al menos tres juicios de amparo contra dicha reforma, en uno de los cuales concedió también la suspensión provisional.
Con esto el juez ganó críticas por parte del presidente, pero fue defendido por el ministro Arturo Zaldívar, quien aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal no encontró nada irregular en relación al juzgador.
A finales de abril concedió las primeras suspensiones contra la entrada en vigor del decreto por el que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANUT).
Gómez Fierro argumentó que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos (huellas digitales, el iris, el rostro o la retina) para registrar una línea de telefonía móvil en el PANUT, viola derechos de las personas, aún más cuando en México 75 por ciento de la población tiene un teléfono móvil, y “podría no ser idónea ni proporcional”.
A raíz de esto, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, apuntó que el juez era utilizado “a contentillo por ciertos grupos” y empresas que promovían una campaña contra el registro en el padrón.
Un mes después, otorgó un total de 14 suspensiones definitivas con efectos generales contra la Ley de Hidrocarburos por presumir que la norma era inconstitucional.
En junio de 2021, otorgó una suspensión definitiva para dejar sin efecto la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
De esta manera quedaron frenadas por tiempo indefinido las modificaciones legislativas impulsadas por Morena y sus aliados en el Congreso que favorecían a Pemex sobre el resto de los participantes en el mercado de hidrocarburos.
Finalmente, este lunes concedió la suspensión definitiva en contra de la política de la Secretaría de Energía que establece que los usuarios o interesados en recibir el servicio de transporte de gas natural en los puntos de internación del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), deben acreditar que reciben el suministro por parte de alguna de las Empresas Productivas del Estado o sus subsidiarias o filiales.
