El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido 57 impugnaciones contra la entrada en vigor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como el ‘plan B’.
Uno de los recursos fue promovido por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien impugnó, entre otras cosas, el despido de Edmundo Jacobo Molina, quien fungió los últimos 14 años como secretario ejecutivo del organismo.
De acuerdo con los estrados electrónicos del TEPJF, el resto de las impugnaciones fueron promovidas por ciudadanos de los estados de Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Sinaloa, Ciudad de México, Guerrero, Coahuila y Estado de México, entre otros.
Cabe destacar que los asuntos han sido remitidos, por turno, a cada una de las magistraturas, por lo que es evidente que las y los siete magistrados integrantes de la Sala Superior conocerán de los casos.
Es posible que en aras de acelerar la resolución de casos, estos serán agrupados de acuerdo al motivo de disenso que plantee cada persona en su escrito de demanda presentado al TEPJF.
El jueves 2 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de reforma de diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, destacó el inicio de una batalla legal que podría ser “prolongada y compleja”, durante una firma de convenio con el PRI para renovar su app de registro de militancia.
“Esa batalla comenzó ya… El día de hoy (2 de marzo), el instituto ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria, desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son, precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro secretario ejecutivo”.
El consejero presidente recordó que previamente el organismo presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las leyes generales de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas, parte de este ‘plan B’ que fueron publicadas a inicios de año.
Los demás consejeros del INE se manifestaron contra la publicación del decreto; sin embargo, estuvieron confiadados en que el Poder Judicial no permitirá que se declare constitucional la reforma.
