El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el 'Plan B' de la Reforma Electoral.
La controversia se promovió contra las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fueron aprobadas en diciembre.
En un comunicado, el INE explicó que interpuso dicho recurso debido a que "las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto publicado crean condiciones que merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda".
El Instituto además acusó que la reforma contraviene el modelo de comunicación social y propaganda estipulado en el Artículo 134 de la Carta Magna.
"La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión", añadió.
