Con la finalidad de hacer justicia en casos particulares de trascendencia nacional, el gobierno de México tiene en la Constitución Política las herramientas para solicitar a un país la extradición de un sujeto para ser juzgado por leyes locales.
Sin embargo, aunque nuestro país tiene tratados internacionales de cooperación en temas de seguridad, ésta no siempre se aplica al pie de la letra o se encuentra con dificultades legales para que se fluida.
En ese sentido, en Nación321 hacemos un recuento de cuatro casos particulares en los que México, ya sea a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Fiscalía General de la República, han solicitado, sin éxito, la entrega de prófugos de la justicia.
TOMÁS ZERÓN:
Una de las banderas de campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue la promesa de exhibir la verdad de lo que ocurrió en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
En 2018, el entonces candidato presidencial de Morena, PT y PVEM se comprometió a resolver el caso más polémico de la administración de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.
“Vamos a que se conozca todo, no quiero ni deseo ni conviene que cuando se hace referencia a Iguala se esté pensando en los desaparecidos, en el horror (...) Nada de sospecha. Justicia. Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático”, declaró en campaña.
Una de las piezas clave para resolver el tema es Tomás Zerón, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y está acusado de alterar y modificar pruebas del caso.
Zerón fue el primer jefe en la investigación del caso Ayotzinapa y es considerado el principal responsable del encubrimiento de las desapariciones ocurridas en Iguala, Guerrero, en las que participaron delincuentes y fuerzas de seguridad de distintos niveles de gobierno.
Desde 2016, Zerón fue señalado por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes) de cometer anomalías que derivaron en la llamada Verdad Histórica, que ofreció la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
El 7 de noviembre de 2014, el entonces procuradorJesús Murillo Karam narró la teoría basada en las declaraciones de supuestos involucrados en una conferencia de prensa, donde presentó las grabaciones de los testimonios e imágenes del peritaje del basurero de Cocula.
Sin embargo, toda esta versión se caería luego de la investigación realizada por el grupo de expertos internacional del GIEI, que evidenció que Tomás Zerón llevó un día antes al testigo principal que había narrado la teoría de la Verdad Histórica, tanto al basurero como al río.
Al jefe de la Agencia de Investigación Criminal también se le acusó de participar en la tortura del testigo Patricio Reyes Landa, ‘El Pato’, uno de los primeros detenidos y “piezas clave” en la investigación de la PGR.
Por lo anterior, el gobierno de AMLO instó en múltiples ocasiones a autoridades de Israel a colaborar en entregar a Tomás Zerón; sin embargo, esta petición sigue vigente y atascada entre los pendientes de extradición de la administración de Benjamin Netanyahu.
En agosto de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) inició gestiones para localizar a Tomas Zerón. La solicitud formal de extradición ante el Estado de Israel fue presentada por la cancillería mexicana el 30 de diciembre de 2021.
Durante este periodo y hasta abril de 2024, el Gobierno de México “ha reiterado en diversas ocasiones, al más alto nivel político y diplomático, la importancia que otorga al caso y la grave preocupación por la falta de progreso”, indicó la Cancillería en un comunicado.
‘MINI LIC’:
El 15 de mayo de 2017, el periodista mexicano Javier Valdez fue atacado a tiros a pocas cuadras de Ríodoce, el semanario que fundó en su natal Culiacán, en Sinaloa.
El hombre de 50 años estaba casado y con su esposa criaron a una hija.
El asesinato de Valdez fue uno de los que más indignación causó en el gobierno de EPN. A siete años de su muerte, organizaciones tanto nacionales como internacionales piden que se haga justicia por el asesinato.
Las investigaciones del caso apuntan a que el narcotraficante Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’ estaría detrás de este crimen, por lo que autoridades nacionales buscan que se enfrente a la justicia.
Pero antes de enfrentar la justicia mexicana, el capo vinculado con el Cártel de Sinaloa tiene que estar en el país para saber qué cargos le imputan.
‘El Mini Lic’ fue recapturado el pasado viernes 13 de diciembre en Virginia, Estados Unidos, por su relación con el delito de tráfico de fentanilo.
Una vez que se supo de su reaprehensión, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su extradición. Pero, Estados Unidos se ha negado a realizarla.
“Ese es el tema fundamental para nosotros, él es el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdéz. Al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel, este nos faltaba y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de Estados Unidos sobre esta entrega”, dijo el fiscal general, Alejandro Gertz, durante la conferencia matutina del martes 17 de diciembre.
Gertz Manero explicó que Estados Unidos insiste en que ‘El Mini Lic’ es un testigo protegido y les estaba dando “mucha información”. Por esa razón no podían ayudar al gobierno mexicano a extraditarlo.
“Ahora, con esa situación en la que ellos mismos están reconociendo que este individuo está delinquiendo, yo creo hay razones más que suficientes para que ahora sí nos apoyen”, añadió el fiscal, quien afirmó que estará pendiente de lo que puedan resolver autoridades estadounidenses.
JOAQUÍN GUZMÁN LÓPEZ:
El hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera se encuentra preso en Estados Unidos, donde está en negociaciones con las autoridades locales para declararse culpable de cargos relacionados con el trasiego de drogas, con la intención de reducir una posible sentencia.
Sin embargo... México está tras de él por la entrega, en contra de su voluntad, del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en agosto de este año.
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Sin embargo, al rendirse voluntariamente ante las autoridades estadounidenses, Joaquín Guzmán López inició también un proceso de negociación para convertirse en testigo colaborador, lo que dificultaría su entrega a autoridades mexicanas.
Guzmán López enfrenta en Estados Unidos cargos relacionados con sus actividades de narcotráfico y su liderazgo en el Cártel de Sinaloa tras la detención y extradición a Estados Unidos de su padre, Joaquín Guzmán Loera, el 19 de enero de 2017.
ANDRÉS ROEMER:
El 5 de diciembre de 2021, México presentó la solicitud de extradición de Andrés Isaac Roemer Slomianski, por los presuntos delitos de violación y violación agravada denunciados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La solicitud no prosperó sino hasta el jueves 28 de marzo de 2024, cuando autoridades mexicanas fueron notificadas que el Tribunal Regional de Jerusalén falló a favor de la extradición de Roemer Slomianski.
En ese entonces dijo que el exdiplomático estaría en estatus de ‘extraditable’; sin embargo, tendría 30 días para apelar la situación. Algo que finalmente se consumó y atoró el caso.
El caso no ha mostrado avances y Roemer sigue en Israel. Autoridades mexicanas explicaron que la situación no es fácil debido a la ausencia de un tratado específico entre ambos países en temas de cooperación:
"México e Israel carecen de un tratado específico de extradición, por lo que todas las acciones se sustentan en la reciprocidad internacional y en conformidad con los principios establecidos en la Ley Internacional de Extradición", explicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿QUÉ ES LA EXTRADICIÓN?
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, desde el punto de vista gramatical se entiende por extradición al acto por el cual “un Estado entrega una persona que se encuentra en su territorio a las autoridades de otro país que lo reclama, para someterla a proceso o para que cumpla una pena que le fue impuesta por la comisión de un delito”.
En la Enciclopedia Jurídica Mexicana se define a la extradición como el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona refugiada (sin precisar su estatus) en su territorio a otro Estado que la reclama por estar inculpada, procesada o convicta en éste por la comisión de un delito del orden común a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena para ser juzgado por el delito cometido, o bien para que compurgue la pena impuesta.
En ese sentido, la extradición “es la figura jurídica por excelencia para trasladar a un fugitivo de la justicia o al acusado de un delito al país donde lo cometió, o que tiene competencia para seguirle un proceso o imponerle una sentencia a fin de garantizar la efectiva aplicación de la justicia y evitar la impunidad”.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procedimiento de extradición es un trámite administrativo seguido en forma de juicio, cuya finalidad es decidir si se entrega o no a una persona al Estado requirente para juzgarla por la posible comisión de hechos delictivos o para compurgar una pena".
En la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, destaca que “por su naturaleza administrativa, la solicitud de entrega de una persona por parte del Estado requirente no implica una acusación formal a una persona, tampoco la imposición de una pena o sanción, ni un pronunciamiento o anticipación sobre la culpabilidad de la persona requerida”.
Fuentes: Gobierno de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, Suprema Corte de Justicia de la Nación, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
