Motínes, riñas, disturbios, enfrentamientos e irregularidades: este es "el pan de cada día" en el sistema penitenciario de México. Incluso hay seis entidades que se encuentran reprobadas por las situaciones que se viven en los centros de readaptación y de reinserción social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las condiciones de los penales y centros de reinserción social, cada vez empeoran más.
Según la encuesta del INEGI, hasta junio del 2021 en el país había 67 mil 584 personas privadas de la libertad (55 mil 535 hombres y 12 mil 049 mujeres), tras ser procesados o sentenciados por delitos del fuero común o federal, en centros penitenciaros de la Ciudad de México y estatales.
Ambos estudios coinciden en que la violencia, la corrupción, la inseguridad, los abusos y el autogobierno son los principales problemas que se enfrentan al interior de los centros, en los que la reinserción social está cada vez más lejos de consumarse.
AUTOGOBIERNO
A nivel nacional, 36.7 por ciento de la población privada de la libertad señaló que ha visto actos de autogobierno, los cuales consisten en tener a internos realizando actividades de seguridad o funcionamiento del centro penitenciario de manera parcial o total, debido a que los elementos de seguridad al interior carecen de autoridad.
Las principales actividades en las que ha ganado terreno el autogobierno: manejo de llaves de las celdas (23.5%); riñas entre grupos de internos por el control de Centro; asignación de celdas a otros internos (14.1%); vigilancia en celdas (13.3%); cobro a internos por bienes y servicios (12.2%); actos de violencia contra autoridades (11.8%); imposición de sanciones (11.5%); protección a otros internos (11.2%).
A esto se suma cuando los internos prohiben a otros participar en talleres y actividades deportivas, hacer llamadas telefónicas, tener acceso a servicios médicos e incluso estudiar.
De acuerdo con datos oficiales, las 10 entidades con más centros penitenciarios en las que perviven prácticas de autogobierno son: Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Sonora, Puebla, Morelos, Quintana Roo, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.
CORRUPCIÓN
En el apartado de corrupción, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria detalló que este delito sigue siendo parte de las practicas comunes en los centros de readaptación y penales; además de registrar un alza en comparación con el estudio realizado en 2016.
Según datos oficiales, en 2016 se estimó que un 10.8 por ciento de la población de los centros penitenciarios fueron víctimas de corrupción; sin embargo, para el 2021, se detectó que las víctimas equivalen a un 17.2 por ciento.
Las prácticas más comunes de corrupción, que incluyen hacer pagos por utilizar instalaciones son: el pase de lista (53%), por tener aparatos electrónicos (43%), cambiar de celda o evitar que los cambien de celda (34%), por tener agua potable (31%), por recibir medicinas (30%), por tener una cama, colchoneta o cobijas (28%) y por tener acceso a un teléfono (24%), entre otros.
La encuesta también reveló que el 96.4 por ciento de la población en los centros penitenciarios fue víctima de corrupción, pero no realizaron denuncias ante las autoridades, ya que el 33 por ciento consideró que era una practica común.
INSEGURIDAD
De acuerdo con cifras del Inegi, en el 2021, 25.9 por ciento de la población privada de la libertad se sintió insegura al interior del centro penitenciario, mientras que, el 14.4 por ciento vive con temor al interior de su celda.
Los estados que encabezan la lista con mayor percepción de inseguridad al interior de los Cereso son Campeche, Estado de México, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla.
Asimismo, el 34.1 por ciento de los reclusos también señalaron haber sido víctimas de algún delito ocurrido en el centro penitenciario, de ellos, el 87.7 por ciento dijo que el más común fue el robo de objetos personales. Las lesiones físicas fueron la segunda agresión más sufrida por los internos con 25.7 por ciento; extorsión con 18.4 por ciento, amenazas con 17.4 por ciento y hostigamiento y violación sexual con un 5.7 por ciento.
CALIFICACIÓN CNDH
El DNSP muestra las evaluaciones promedio obtenidas conforme a un análisis desagregado. Con base en ellas, se da a conocer la tendencia nacional, estatal, por tipo de sistema y centros penitenciarios supervisados en cinco rubros:
En la calificación otorgada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos reprobaron seis estados, 19 están en amarillo y sólo seis estados están en verde. Los estados reprobados son:
Las entidades en amarillo son Estado de México, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Durango, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Yucatán y Campeche.
Mientras que en verde está Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Tlaxcala y Ciudad de México. Todos con 8 de calificación.
Estas calificaciones no mejoraron respecto a las que la dependencia entregó en 2019, pues en ese año había sólo tres estados en rojo: Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. Además de 25 estados en amarillo.
RIÑAS RECIENTES
Tan sólo en 2022, hubo tres momentos preocupantes en los centros de reclusión. El primero ocurrió en el penal de Apodaca, Nuevo León, el pasado 7 de enero.
De acuerdo con las autoridades locales de seguridad, la riña se originó tras el anuncio del gobernador Samuel García sobre posibles traslados de reos a penales de máxima seguridad. El enfrentamiento terminó con 29 presos trasladados para su revisión médica y ocho más hospitalizados, aunque ninguno con diagnóstico de gravedad.
Otro momento preocupante y mediático fue el hallazgo del bebé Tadeo en un basurero del penal de San Miguel en Puebla. Las investigaciones locales señalaron que el menor ya había fallecido cuando ingresó al penal y, posteriormente, se supo que su cuerpo habría sido extraído de un panteón en la alcaldía Iztapalapa. Hasta el momento, han detenido a 21 personas implicadas en el caso incluido el director del Cereso, Jaime Mendoza Bon.
El tercer caso en el primer mes del año se registró en Colima. El 24 de enero se registró una riña que, de acuerdo con el gobierno del estado, fue entre dos grupos contrarios al interior del penal.
Los hechos violentos dejaron un total de nueve muertos y seis heridos, el enfrentamiento duró cerca de una hora, pero elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, ingresaron al penal para calmar los disturbios.
A finales del año pasado también hubo reporte de riñas y disturbios en los penales de Tabasco (en junio de 2021), Culiacán (en septiembre de 2021) y en Barrientos (en noviembre de 2021).
