El juez de control Ghanter Alejandro Villar revisará la medida cautelar impuesta a la exfuncionaria Rosario Robles, en una audiencia pactada para el próximo miércoles 20 de octubre, a las 5 de la tarde.
Por lo que se solicitó al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla que ordene el traslado de Robles en esa fecha para que acuda a la audiencia.
Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano Territorial (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra en prisión desde agosto de 2019.
La semana pasada, su abogado Epigmenio Mendieta, explicó que las partes de la investigación fueron notificadas sobre el amparo que ganó Robles el 7 de octubre pasado. Ese recurso establece que es un juez de control analice si es procedente o no revocar la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
“Al terminar la audiencia, dependiendo de la medida cautelar que se tome en su lugar, estaría saliendo ella de reclusión”, dijo en entrevista con W Radio.
El abogado señaló que la decisión de juez debe ser una medida cautela distinta a la actual.
De acuerdo con la defensa se le imputa el delito de omisión, que no amerita prisión preventiva oficiosa, pero la FGR argumentó que existe riesgo fundado de fuga, por lo que se le interpuso prisión preventiva justificada.
Hasta ahora, Robles fue vinculada a proceso por dos delitos. El primer delito es ejercicio indebido del servicio público en Sedesol, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 26 de agosto de 2015. Y por ejercicio indebido del servicio público cuando estuvo al frente de la Sedatu entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018.
Por lo que sus omisiones habrían causado daño a la Hacienda pública.
Además, de acuerdo con la investigación llamada "La Estafa Maestra", Robles presuntamente participó en el desfalco de casi 5 mil millones de pesos del erario público a través de universidades y empresas fantasma y que se realizaron entre 2013 y 2016.
Según señaló la defensa de Robles, ella informó a su superior, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre las presuntas irregularidades; sin embargo, no quedó nada por escrito por lo que no se puede confirmar dicha versión.
