Esta tarde, el juez de control Genaro Gerardo Alarcón rechazó de manera contundentemente analizar si os delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa que se imputaron por el caso Odebrecht a Emilio Lozoya Austin y su madre, Gilsa Margarita Austin están prescritos.
Los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, del exdirector de Petróleos Mexicanos presentaron una solicitud de audiencia urgente, la cual fue desahogada este miércoles en instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Reclusorio Norte.
Durante la diligencia plantearon su hipótesis de que la acusación contra Lozoya Austin y su madre Gilda Margarita Austin Solís, se realizó de manera extemporánea y sin que las autoridades correspondientes hubieran presentado la denuncia correspondiente.
La audiencia en la cual el juez Alarcón, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), participaron vía remota, duró pocó más de hora y media.
Durante ese lapso, el impartidor de justicia sólo aceptó conocer las pretensiones de la defensa de Lozoya Austin y el sustento jurídico con el cual consideraban que era válido revisar la prescripción, advertida la defensa de Lozoya Austin que no debían argumentar nada en torno a lo que era el fondo (la prescripción ni los datos de prueba que poseen).
Los abogados de Lozoya Austin señalaron que el Código Penal Federal establece la posibilidad de analizar en cualquier etapa del proceso penal la posible prescripción de un delito y por lo tanto lo consideraban procedente.
El juzgador escuchó también a los representantes de la FGR, la UIF y Pemex, y todos ellos señalaron que era improcedente la solicitud, ya que el proceso penal que se sigue en el Caso Odebrecht --donde se ha mencionado que el ex director de Pemex recibió más de siete millones de dólares en sobornos para beneficiar con obras públicas a la empresa brasileña--, ya se encuentra en la etapa de apertura de juicio.
El juez Genaro Gerardo Alarcón consideró válidos los argumentos de los representantes institucionales y decretó improcedente el recurso. Tampoco aceptó una solicitud de revisión por parte de los abogados de Lozoya.
Al final de la audiencia, los litigantes señalaron que presentarán un amparo en busca de que se revise la resolución del juzgador y también la prescripción de los delitos que se imputan al ex director de Pemex por el Caso Odebrecht.
