¿El presidente López Obrador se contradice? De acuerdo con la Constitución Política, la federación debe contar con una institución policial de carácter civil conocida como Guardia Nacional cuyo carácter debe ser civil; sin embargo, AMLO emitirá un 'acuerdo' para que se incorpore a la Defensa Nacional, entonces, ¿está violando la constitución? Expertos aseguran que sí.
Según lo establecido, la GN tendrá el carácter civil, disciplinado y profesional; así lo establece el artículo 21, pero esto podría cambiar debido a la reforma constitucional que propondrá el presidente y, de no ser aceptada por la oposición, será convertida en un 'decretazo' de AMLO para blindar la agrupación que él mismo creó.
Desde su candidatura a la presidencia, López Obrador anunció la formación de la Guardia Nacional como una corporación alterna a la Policía Federal, la cual fue creada en el sexenio de Ernesto Zedillo y que, además, sería de carácter civil, lo que parecía una propuesta muy atractiva, luego de que México enfrentara la militarización causada por la 'guerra contra el narco' del presidente Felipe Calderón.
En su campaña, el tabasqueño aseguró que sacaría al Ejército de las calles y los enviaría de vuelta de los cuarteles.
¿Esto se cumplió? No.
La Guardia Nacional fue creada en 2019 y lejos a lo prometido por AMLO, tiene un mando militar, pues aunque Luis Rodríguez Bucio es un general en retiro, tiene una formación castrense y fue nombrado comandante de la corporación.
De acuerdo con Héctor Segovia Tavera especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la incorporación total de la Guardia Nacional a la Sedena sería "algo castrófico, porque la formación de un militar es totalmente diferente a la de un policía. El militar está adiestrado para defender a la Nación, mientras que en la formación del policía intervienen distintos factores que tienen que ver con la atención a la ciudadanía".
También explicó que la medida de AMLO es autoritaria "porque su iniciativa debería de pasar primero por la Cámara de origen (de Diputados) para que pueda ser aprobada por el legislativo, pero ante el miedo por las voces de oposición, el presidente decidió hacerlo en forma de decreto", dijo a Nación321 en entrevista.
El maestro en Derecho explicó que en los hechos, la Guardia Nacional nunca funcionó como una institución policial y tampoco tuvo ninguna intención de consolidarse como una fuerza civil independiente. Desde su creación, el carácter civil de la Guardia Nacional no fue más que retórico y se vulneró la Constitución, pues nunca se realizaron acciones para que desarrollara su propia estructura ni capacidades
"El personal que la conforma sigue siendo mayormente militar, fue puesta bajo la dirección del general de brigada Luis Rodríguez Bucio, los militares quedaron al frente de las coordinaciones estatales de la corporación e incluso los cuarteles de la corporación son propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, que también se ha hecho cargo de la compra de su equipo. Tres años después, el presidente López Obrador anunció que sus intenciones son integrar formalmente a la Guardia Nacional dentro de la Sedena, para tener 'la garantía de que no se va a pudrir'", criticó.
Por otro lado, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Burgoa, coincidió en que en la Constitución está establecido que el mando de la Guardia Nacional debe ser civil, por lo que el acuerdo del presidente López Obrador para que esto cambie iría en contra de la Carta Magna.
“Me resulta increíble que el presidente de la República, que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución, al igual que las leyes que de ella emanen, pretenda pasar por alto un artículo que es muy claro cuando habla de la Guardia Nacional, que es el artículo 21″, dijo a El Financiero.
En este apartado, se establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, por lo que primero se debería de abrogar esta norma antes de que el cuerpo de seguridad pueda formar parte de la Sedena.
El académico explicó que el Poder Legislativo es el encargado de aprobar la reforma constitucional a la Guardia Nacional, por lo que el cambio planteado por el mandatario federal no se podría dar por decreto o mandato.
“El presidente de la República, con este anuncio, estaría minimizando, si no es que yendo en contra del propio Poder Legislativo Federal, porque es Congreso de la Unión la instancia a la que le corresponde conocer una iniciativa de reforma constitucional”, señaló.
Con este anuncio, AMLO está asumiendo que no vivimos en una democracia constitucional.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acusó que la medida anunciada por AMLO es una profundización de la militarización que contraviene la Constitución e implica riesgos a los derechos humanos.
La organización subrayó que implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución. Reiteró que la Carta Magna señala que la Guardia Nacional debe estar “adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública”, por lo que “es muy preocupante que por vía de un decreto presidencial o de un acuerdo presidencial se quiera pasar por encima de esta norma expresa”.
Señalaron que el artículo 21 constitucional era una “salvaguarda” para “garantizar que el carácter civil de la Guardia Nacional sería respetado”.
Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, recalcó en entrevista que la militarización de la seguridad aumenta el riesgo de violaciones a derechos humanos y que estas queden impunes. “Tenemos una larga tradición en nuestro sector castrense de poca rendición de cuentas”.
Destacó que con el decreto de AMLO se está fortaleciendo a las fuerzas armadas sin que haya controles civiles que aseguren que los militares rindan cuentas, lo que termina atentando contra la democracia y rescató que en los últimos 15 años de militarización, la violencia no ha disminuido.
En tanto, la organización Causa Común recordó que el 26 de marzo de 2024, es la fecha establecida en la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles y dejen de realizar las tareas de seguridad pública que ahora tienen encomendadas.
"Así lo establece el artículo quinto transitorio de dicha reforma. Otro artículo fundamental de la reforma es el séptimo transitorio, el cual va de la mano del quinto, pues en este se establecen las obligaciones de las entidades federativas para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales", detalló.
Un año después de la publicación de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, el 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Debe destacarse que dicho acuerdo únicamente repite estas condicionantes, y no especifica los lineamientos para su cumplimiento, por lo que incumple con los principios ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia contra el Estado mexicano de 2018
La organización destacó que el artículo 76 constitucional establece la obligación para el Senado de la República de analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo federal presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. En tres años de actividades, la Guardia Nacional ha presentado ante el Senado dos informes anuales, en los cuales se enlistan una serie de actividades institucionales y administrativas.
Señaló que según el capítulo III de la Ley de la Guardia Nacional, esta tiene algunas de las siguientes atribuciones: salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas; vigilancia de instalaciones estratégicas; efectuar tareas de verificación e investigación para la prevención de delitos y de infracciones administrativas; poner a disposición de autoridades competentes a personas y bienes; recibir denuncias; realizar detenciones y aseguramiento de bienes; dar atención a víctimas; imponer sanciones; inspección de documentos migratorios y resguardos de estaciones migratorias; entre otras.
Las organizaciones SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional aseveraron que "entregar la Guardia Nacional a la Sedena sería el último clavo en el ataúd del Estado democrático de derecho".
En un comunicado conjunto, los organismos señalaron que, quienes integran el Congreso de la Unión, senadoras, senadores, diputadas y diputados, tienen que demostrar su compromiso con las víctimas, la construcción de paz y el respeto al pacto civilista que creó una Guardia Nacional civil en la constitución y que el presidente de la república ha desnaturalizado pintándola de verde olivo.
“Ya no solo es el hecho de que han colmado la guardia de soldados y marinos, en una proporción de solo 3 civiles de cada 10 integrantes, ahora sabemos que se está ordenando imponer el mando militar sobre los pocos civiles que quedaron de la Policía Federal violando la Constitución y el derecho internacional... A la militarización plena de la seguridad que López Obrador quiere perpetuar, se suma el militarismo avanzando en la vida pública con el enorme poder económico y político que el gobierno le está entregando a la Sedena y Semar en cada obra y contrato asignado a las Fuerzas Armadas”, exponen.
Sentenciaron que "rechazar desde ahora la reforma militarista de López Obrador es un compromiso con las víctimas que deberían asumir tanto quienes aseguran ser oposición responsable como quienes prometieron una transformación”.
Para SeguridadSinGuerra "una Guardia Nacional militarizada es una innegable continuidad con la estrategia de seguridad fracasada de los gobiernos anteriores, pues tras 14 años de transitar esa ruta, hoy se sabe que se ha exacerbado la violencia y, además, ha llevado al país a la más grave crisis de derechos humanos que México haya conocido...Hoy, la tortura y otras violaciones de derechos humanos son herramientas de rutina de las autoridades de seguridad”.
