La conductora, Inés Gómez Mont, quien está acusada peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, reapareció este jueves en sus redes sociales y dijo tener “temor” por la persecusión de "mala fe", que las autoridades han emprendido en contra suya y de su esposo Víctor Álvarez Puga.
A través de un comunicado, la también socialité, señaló que las autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en su contra “ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON".
“Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto. Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada”, planteó.
En su escrito, Gómez Mont describió tres puntos que, dijo, revelan la “sed de persecución” por parte de las autoridades en contra suya y de su pareja.
En el primer punto, destacó que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. "No estaba autorizado legalmente”, afirmó.
Además, indicó que el 10 de septiembre de 2021, autoridades mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, aseveró que no existe un documento con esa esa fecha.
"Al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública", lamentó.
Asimismo, resaltó que el juez Zeferín Hernández, "quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión".
"Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad", refirió.
¿De qué se le acusa?
La FGR señaló que fueron desviados 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que ese dinero provenía de dos contratos con el OADPRS.
Los contratos fueron otorgados para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS para diversos penales federales y el otro para la adquisición de la interconexión de otros tres centros federales de readaptación social.
