Miguel Ángel Félix Gallardo permanecerá preso por tiempo indefinido, luego de que autoridades federales rechazaron el brazalete electrónico que contrató como requisito para acceder a la prisión domiciliaria autorizada por un Juez.
El 9 de septiembre pasado el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México avaló que Félix Gallardo acceda a la prisión domiciliaria, la cual debía concretarse a más tardar el 17 octubre pasado.
No obstante, ese mismo día el citado juzgador dio por recibido un escrito signado por el representante legal de la empresa que contrató para obtener el brazalete electrónico que se le solicitó.
La empresa explicó que el 15 de octubre notificó formalmente a la familia de Félix Gallardo que se dio por terminado el contrato de arrendamiento y prestación de servicios del brazalete de monitoreo y emisión de alertas, “por causas de fuerza mayor”, debido a que quedó imposibilitada para cubrir los requerimientos que le solicitó la autoridad.
En una notificación publicada este miércoles, el Juez dejó sin efectos la fecha señalada para las 16:00 horas del 17 de octubre pasado, para la continuación del desahogo de la diligencia relativa a la colocación del brazalete electrónico a Félix Gallardo.
Y reiteró que para la materialización de la sustitución de la pena que actualmente se encuentra compurgando, se dejan a salvo las medidas de seguridad impuestas y sus derechos para cumplir con los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria.
Gallardo, de 76 años, solicitó la prisión domiciliaria alegando una serie de padecimientos crónicos, entre ellos la pérdida de la audición y la vista. Y aunque se autorizó su solicitud, eso no ha ocurrido.
Por ello, sus abogados promovieron un amparo alegando que al no acatar la orden del juez se le está causa a Félix Gallardo una tortura psicológica.
El 'jefe de jefes' cumple una pena de 40 años de prisión que se le impuso por delitos contra la salud, acopio de armas y otros, la cual cumpliría hasta marzo de 2029.
Además, en Estados Unidos lo reclaman en extradición para someterlo a juicio como responsable del secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique, Kiki, Camarena Salazar, ocurrido en México en febrero de 1985.
