Porque los gobiernos gastan en cámaras de video con el fin de tener un registro de los hechos que ocurren en sus localidades
Fallas técnicas en el sistema de videovigilancia que proporciona la empresa Seguritech al municipio de Culiacán, Sinaloa, provocará que la investigación del homicidio del periodista Javier Valdez se haga a la antigüita, pues de las 270 cámaras que hay en la ciudad, sólo 14 funcionan correctamente.
Juan José Ríos Estavillo, fiscal general de Sinaloa, reconoció que, debido a las fallas en la videovigilancia pública, han tenido que recurrir a cámaras de seguridad privadas para identificar a los agresores, en este caso al menos.
Agregó que “se están realizando las investigaciones sobre el trayecto que pudo haber tenido el automotor antes y después de los hechos; además de que por lo menos está la posibilidad de revisar el contenido de cuatro cámaras del C4, incluso un promedio de otras cuatro cámaras de particulares”.
Autoridades estatales confirmaron que desde la llegada de la presente administración, a cargo del gobernador Quirino Ordaz, se detectaron fallas en el servicio que brinda Seguritech, desde hace más de cinco años, por lo que ya se está trabajando en subsanar el problema.
Explicaron que en el caso específico de Culiacán, hay poco más de 400 videocámaras seguridad, 270 de las cuales están controladas por el municipio pero, sólo 14 sirven.
Las autoridades detallaron que en febrero pasado el gobierno estatal lanzó una licitación pública para un centro de videovigilancia, que constaría de unas 320 cámaras extras en distintos puntos del estado.
Sin embargo, en una revisión que hizo El Financiero, se detectó que la Licitación Pública Nacional No. GES 01/2017, para colocar cámaras de seguridad en 100 puntos de monitoreo inteligente y 80 sistemas de lectura de placas automatizado, se entregó a empresas, como Seguritech, que no cumplieron al 100% los requerimientos.
De entrada, algunas de las empresas presentaron sus respectivas propuestas en forma extemporánea y en otros casos no acreditaron ser proveedores de las empresas fabricantes de las cámaras de seguridad que se instalarán.
No obstante, ello la licitación se calificó como válida y ya se está en trámite para la instalación de las citadas cámaras de videovigilancia y lectura de placas automatizado para la imposición de infracciones.
En marzo pasado, El Financiero documentó que Seguritech incumplió con los plazos para instalar 10 mil cámaras en el Estado de México.
Pero sí cobró. Desde 2013, Seguritech cobró puntualmente mil 500 millones de pesos cada año por las videocámaras; lo que da un importe, al contar este 2017, de 6 mil 376 millones 773 mil 27 pesos.
