La sombra de Donald Trump vuelve a proyectarse sobre el flujo migratorio que surge de América Latina.
Su regreso a la Casa Blanca trae consigo la reafirmación de sus propuestas de campaña: deportaciones masivas y aranceles a México si no frena la migración.
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Hay razones para estar preocupados pues Trump amenazó con imponer un arancel del 25% a productos mexicanos como medida de presión, recordando los hechos de su primer mandato (2017-2021), cuando se deportaron 1.5 millones de migrantes y se implementaron políticas como el programa ‘Quédate en México’ y el controvertido Título 42.
Actualmente, en EU residen alrededor de 11 millones de migrantes en situación irregular, de los cuales cuatro de cada diez son mexicanos. Implementar una deportación masiva de esta magnitud implicaría un costo estimado en 88 mil millones de dólares, según el Consejo Americano de Inmigración. A pesar de las implicaciones económicas, Trump parece decidido a cumplir su amenaza, generando incertidumbre tanto en Estados Unidos como en México.
AUTORIDADES MEXICANAS RESPONDEN A TRUMP
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado la independencia y soberanía de México, afirmando que el país está preparado para proteger a sus connacionales y brindarles condiciones para una reintegración exitosa.
Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha destacado el fortalecimiento de la red consular, compuesta por 53 consulados en Estados Unidos, y la contratación de abogados para defender los derechos de los mexicanos.
Además, se han implementado herramientas digitales como una aplicación en línea para que los migrantes alerten a las autoridades consulares en caso de peligro. En el ámbito internacional, México también ha mostrado disposición para colaborar en el manejo de migrantes no mexicanos, siempre bajo condiciones que garanticen apoyo económico y mecanismos adecuados para su retorno a sus países de origen.
PREPARATIVOS PREVIO A LA LLEGADA DE TRUMP
Las ciudades fronterizas de México están en alerta máxima ante la posibilidad de un incremento significativo en el flujo de migrantes deportados.
Es importante recordar que en la frontera norte del país existen 40 cruces fronterizos, pero tan sólo en cuanto a cruces de manera regular, tres entidades concentran el flujo en la frontera entre México y EU, con el 93.3% de tránsitos:
Baja California, que cuenta con 8 cruces fronterizos hacia California y concentra el 58.6% del flujo total, siendo la entidad con mayor actividad en la región.
Tamaulipas, con 13 pasos fronterizos hacia Texas, que registra el 22.3% de los cruces, ocupando el segundo lugar en importancia. Y Chihuahua, que dispone de 8 cruces, 2 hacia Nuevo México y 6 hacia Texas, acumulando el 12.4% del total.
Otras entidades con menor participación en el flujo fronterizo incluyen:
- Sonora, con 7 cruces hacia Arizona, representa el 2.8%.
- Coahuila, que tiene 2 pasos hacia Texas, suma el 2.9%.
- Nuevo León, con un único cruce hacia Texas, registra el 1.0% del total.
Es por esto que dichas entidades se mantienen en una enorme lucha en atender a los migrantes, pero ahora también ante deportaciones masivas.
Tijuana, Baja California, por ejemplo, cuenta con una red de 44 albergues y planea habilitar nuevos espacios para atender a 7 mil 500 personas adicionales. Mexicali también ha movilizado recursos, con el apoyo de la comunidad religiosa, para expandir su capacidad de alojamiento.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se instalaron carpas para proporcionar alimentos y asistencia, mientras que los albergues de la ciudad —35 en total— intensifican sus esfuerzos.
Por su parte, en Piedras Negras, Coahuila, las autoridades han modificado protocolos, trasladando a los migrantes deportados a otras zonas para evitar saturación en las calles urbanas. De manera similar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, ha identificado refugios disponibles y ha reforzado su infraestructura.
DESAFÍOS HUMANITARIOS ANTE UNA POSIBLE OLA DE MIGRANTES
El éxodo de migrantes hacia el norte, conocido como el 'Éxodo Trump', refleja la desesperación de quienes buscan mejores oportunidades. En 2022, la Organización Internacional para las Migraciones registró 686 muertes o desapariciones de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, evidenciando los riesgos inherentes a estas travesías.
Los municipios fronterizos también enfrentan el impacto del crimen organizado, que frecuentemente explota la vulnerabilidad de los migrantes.
Este problema se agrava con la acumulación de personas no mexicanas, quienes a menudo quedan varadas en territorio mexicano debido a políticas estadounidenses como el Título 42, que permitía a las autoridades de EU deportar migrantes con motivo de la pandemia por Covid-19.
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Al respecto, la maestra Pía Taracena Gout de la Universidad Iberoamericana, ha destacado en una publicación de esta institución la importancia de la solidaridad entre gobiernos, comunidades y organizaciones civiles para mitigar los efectos de las deportaciones. Escuelas, asociaciones y consulados en EU jugarán un papel crucial en la defensa de los derechos de los migrantes, especialmente aquellos con descendencia nacida en territorio estadounidense.
Sin embargo, los recursos económicos y humanos destinados a enfrentar esta crisis siguen siendo insuficientes.
Ante la posibilidad de que Trump declare una emergencia nacional para acelerar las deportaciones, el gobierno de México ha asegurado en reiteradas ocasiones que se encuentra en proceso de fortalecer su capacidad de respuesta mediante una mayor colaboración internacional y un enfoque integral que considere tanto las necesidades inmediatas como los desafíos estructurales de largo plazo.