Las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador son “un instrumento de desinformación”, consideró la organización no gubernamental Artículo 19.
Al presentar su informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de derechos humanos, la organización señaló que 2020 fue el año más violento contra la prensa, pues hubo seis asesinatos de periodistas (17 en lo que va de la actual administración) y, en promedio, una agresión cada 13 horas.
Asimismo, dijo que, a dos años del gobierno de López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
Además, persisten “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”.
“Con el tiempo, la mañanera se ha alejado de ser un verdadero espacio informativo, de transparencia y rendición de cuentas, para convertirse en uno donde se concentra y posiciona la agenda del Ejecutivo a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad sobre el desempeño gubernamental. Adicionalmente, representa un instrumento preocupante de desinformación”, dijo.
Bajo el nombre de Distorsión: el discurso contra la realidad, el reporte pone en evidencia que en 2020 se mantuvo la desinformación desde el gobierno, además de existir un intento de control y censura de internet y la violencia contra la prensa, que se mantiene al alza con 692 ataques contra la prensa, “una cifra inédita”.
Artículo 19 puntualizó que, en el 2020, las entidades que más sufrieron estos ataques fueron la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, las cuales, en conjunto, sobrepasan el 47 por ciento del total nacional de las agresiones.
Asimismo, el reporte sostiene que muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder.
Consideró que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas, sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
Asimismo, evidenció que la concentración publicitaria oficial continúa en 10 empresas de información, mientras que el trabajo del Legislativo se caracterizó por su vocación de censurar internet.
Sobre la transparencia, dijo que hay una opacidad de la actual administración.
“Esta estrategia para eludir el cumplimiento de su obligación denota que la información, fuera de la voz del Ejecutivo, está clausurada”, concluyó.
