Porque la Constitución salvaguarda tu derecho a la privacidad
Un grupo de organizaciones civiles que se dedica a impulsar los datos abiertos y el uso de tecnología para acceder a datos públicos renunció a la Alianza para el Gobierno Abierto, pues acusan al Gobierno Federal de espionaje.
Los activistas aseguran que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto utiliza tecnología especial para monitorear las actividades de diversos sectores de la sociedad, entre los que se incluyen activistas, periodistas e investigadores, y que pese a datos documentados no ha dado una postura frente a la violación de la privacidad de los ciudadanos.
"El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno", dijeron los voceros de las organizaciones.
Entre los grupos que renunciaron están SocialTic, Fundar, Transparencia Mexicana y Artículo 19.
El #EspionajeAbierto contra defensorxs de la salud no debe quedar impune, es inaceptable y daña a toda sociedad https://t.co/gcSTXCpz4V pic.twitter.com/luBMrvzH7x
— SocialTIC (@socialtic) 24 de mayo de 2017
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología para originar la apertura de datos públicos.
En México, la alianza opera con la colaboración del Poder Ejecutivo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos personales y un núcleo de organizaciones civiles.
Sí, sabemos que suena a guión de película de acción, ¿pero realmente el gobierno mexicano nos está espiando? Aquí te presentamos los argumentos de las organizaciones para creer el gobierno nos espía.
EL INICIO
El 11 de febrero, The New York Times (NYT) dio a conocer que los promotores del impuesto a las bebidas azucaradas fueron espiados a través de un software que adquirió el gobierno mexicano.
Alejandro Calvillo, fundador del Poder del Consumidor; Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud; y Luis Manuel Encarnación, director de la Fundación Mídete, fueron las víctimas del espionaje, a través de mensajes de texto a sus celulares.
Cada mensaje, según el reportaje, tenía un hipervínculo que activaba un virus que permitía acceder a todos los datos del dispositivo infectado.
El espionaje a los activistas se dio justo en una coyuntura especial, pues los tres intentaban que el impuesto establecido en 2014 a las bebidas azucaradas subiera al doble, por lo que lanzaron una campaña medíatica para obligar al Congreso a realizar las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
Esta situación, según los activistas, fue mal vista por parte de empresas refresqueras y algunos funcionarios del gobierno, por lo que se inició la intimidación y el espionaje.
Simón Barquera narró al NYT que el tipo de mensajes que llegaban a su celular eran inquietantes pues hablaban de accidentes familiares, muerte de algún amigo cercano e incluso lo acusaban de negligencia.
Los activistas por la salud no fueron los únicos espiados, ya que también figuró el nombre de Rafael Cabrera, uno de los periodistas que realizó la investigación de la llamada Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y una constructora.
Este último dato fue dado a conocer por el Citizen Lab de la Facultad Munk de Asuntos Internacionales de la Universidad de Toronto. Según la investigación, se aprovechó fallas en el software de Apple para infiltrarse en varios teléfonos, entre ellos el del entonces reportero de MVS.
Me han llegado estos dos supuestos mensajes de UnoTV desde este número: (55) 6106 7277. No es gracioso pic.twitter.com/JXZbXQAzOv
— Rafael Cabrera (@raflescabrera) 30 de agosto de 2015
El espionaje funciona con un sistema de rastreo llamado Pegasus el cual tiene la facultad de extraer mensajes de texto, listas de contactos, registros del calendario, correos electrónicos, mensajes instantáneos y ubicación del usuario.
Además, convierte los celulares en grabadora y capta de manera secreta lo que la cámara del teléfono está viendo en vivo.
MÁS CASOS
Otro ejemplo fue el que se ventiló en 20015, cuando la Red en Defensa de los Derechos Digitales publicó una investigación, basada en solicitudes de transparencia, en donde 12 gobiernos estatales adquirieron el sistema de espionaje Galileo, fabricado por la empresa italiana Hack Team.
“La gran mayoría de las autoridades que adquirieron el software Hacking Team no poseen facultades legales o constitucionales para intervenir comunicaciones privadas por lo tanto su adquisición como su uso es claramente ilegal”, dice el estudio.
Los estados acusados de espionaje son: Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
El Ejército Mexicano y la Secretaría de Gobernación también figuraron en la lista de "clientes frecuentes" de la empresa italiana.
¿FUE EL GOBIERNO?
A través de una serie de correos electrónicos, de los cuales tiene copia el NYT, se reveló que el diseño del software estuvo a cargo de NSO Group, una empresa israelí que vende herramientas para el espionaje digital exclusivamente a gobiernos, entre ellos el mexicano.
Según la empresa, sus herramientas están diseñadas para investigaciones criminales y de terrorismo, pero que cada agencia gubernamental decide a quién va investigar, qué correos intervenir y qué conversaciones telefónicas escuchará.
Un portavoz de NSO Group aseguró que no existe forma de que el gobierno mexicano haya compartido las herramientas con un grupo externo para hacer espionaje y que tampoco tienen detectado el rastreo a investigadores mexicanos.
Por parte del Gobierno Federal no ha existido un pronunciamiento sobre el caso. Esto ha elevado el enojo de las organizaciones dedicadas a datos abiertos y transparencia.
¿QUÉ DICE LA LEY?
En junio de 2016, se reformó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual permite a la Procuraduría General de la República (PGR) intervenir comunicaciones privadas si el gobierno tiene la sospecha de que la persona investigada está vinculada con algún delito.
Aunque las intervenciones están sujetas a la aprobación de la corte, el gobierno no tiene la obligación de demostrar ante el juez que la persona espiada está vinculada con la delincuencia organizada.
Además, las autoridades podrán realizar espionajes en tiempo real en sitios públicos utilizando cualquier medio electrónico o tecnológico a su alcance.
Para apoyar al gobierno, el congreso también aprobó las leyes secundarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones. En su artículo 190, establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben “colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes”.
Además, tienen que conservar un registro y control de comunicaciones que permita identificar datos sensibles como nombre del suscriptor, tipo de comunicación realizada, y los servicios que utiliza.
