La organización Familia Pasta de Conchos y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín” Pro Juárez A.C exigieron una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los siete trabajadores de la mina MICARAN, en Múzquiz, Coahuila.
Hace una semana, el colapso de una mina de arrastre en Rancherías, municipio de Múzquiz, en la región Carbonífera del estado, cobró la vida de Mauricio Cortez, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes, cuyos cuerpos tardaron una semana en ser rescatados.
De acuerdo a las organizaciones pro defensa de los derechos humanos, la exigencia de investigación a los dueños de esta mina es “por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados”.
“Exigimos también que las familias de los trabajadores fallecidos en este siniestro reciban atención victimal con los más altos estándares, y que los trabajadores de este complejo minero sean liquidados con el salario real que percibían”, detalla el comunicado emitido, donde urgen a la prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y pozos de carbón.
Las organizaciones exigieron a la Comisión Federal de Electricidad comprometerse públicamente a no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados.
Exigieron también a la Secretaría de Economia la cancelación de titulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas
En su pliego petitorio exigieron a las autoridades federales la elaboración de un “Protocolo Nacional de Salvamento Minero”, que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero.
