Un juez peruano ordenó el jueves que el presidente destituido Pedro Castillo permanezca bajo custodia durante 18 meses, aprobando una solicitud de las autoridades de tiempo para construir su caso de rebelión en su contra.
La decisión del juez se produjo un día después de que el gobierno declarara un estado policial mientras lucha por calmar las violentas protestas que han provocado al menos ocho muertes.
Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido del poder por los legisladores la semana pasada, luego de su intento de disolver el Congreso antes de una votación de juicio político.
El juez César San Martín Castro falló después de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que evita que los presidentes de Perú enfrenten cargos penales.
Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que carecía de “garantías mínimas”. Fue representado por un defensor público.
El fiscal supremo de Perú, Alcides Chinchay, dijo en la corte el jueves que Castillo enfrenta al menos 10 años de prisión por el cargo de rebelión.
