Hoy que las instituciones políticas padecen un descrédito generalizado y la insatisfacción con los resultados de la democracia priva en el país, en julio de 2018 millones de ciudadanas y ciudadanos, no sólo asistirán a las urnas a emitir su voto; sino que también más de 1.4 millones estarán en las casillas para entregar las boletas, clasificarlas y contar los votos de sus vecinos. Este hecho significativo, digno de reivindicar, es una conquista ciudadana de la lucha democrática, la cual está acompañada con la experiencia y la solidez de un proceso de capacitación electoral que por más de veinte años el Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora el Instituto Nacional Electoral (INE) han construido conjuntamente con la ciudadanía.
Antes de la creación del IFE (1990), la ciudadanía permanecía alejada de la organización de las elecciones, los Comités Distritales, quienes tenian dicha encomienda, estaban integrados por personas nombradas por las autoridades electorales, mismas que eran designadas por la Secretaría de Gobernación. Estos Comités tenían la atribución para determinar la ubicación de los centros de votación, los partidos políticos sólo podían hacer observaciones; mientras que los electores debían estar atentos para identificar el lugar a donde asistirían a votar.
Con la creación del IFE se establecieron nuevas normas y procedimientos que incluyen la participación de la ciudadanía en la conformación de los órganos electorales colegiados responsables de la toma de decisiones (Consejos General, locales y distritales); así como en la integración de las mesas directivas de casilla, en donde los ciudadanos, previamente capacitados por la autoridad electoral, se constituyen en los funcionarios de casilla responsables de recibir y contar los votos el día de la jornada electoral. De 1991 a 2015, el IFE/INE ha visitado a casi 50 millones de habitantes para convocarlos a ser funcionarios de casilla, ha capacitado a casi 20 millones y han ejercido esta tarea 8 millones.
En 2018 además de la Presidencia de la República y 9 Gubernaturas, un total 18,242 cargos de elección popular en 30 entidades estarán en disputa. El INE cuenta con su “Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018”, bajo su guía vamos a instalar 156 mil casillas electorales; recorreremos nuestro territorio para invitar a cerca de 12 millones de mexicanas y mexicanos a convertirse en funcionarios de casilla; de los cuales aproximadamente recibirán capacitación 1 millón 400 mil. Para ello, se requiere contratar temporalmente a 6,285 de Supervisores/as y aproximadamente 38,826 Capacitadores/asistentes electorales, cuya función es guiar y acompañar en el proceso de integración, capacitación y asistencia electoral de las mesas directivas de casillas a las y los ciudadanos que se constituirán en la autoridad electoral en cada uno de los rincones de nuestra nación.
El sistema electoral ha venido incorporando la participación ciudadana en la organización de las elecciones, quitándole el monopolio al Gobierno en turno; hemos pasado de un modelo donde la recepción y el conteo de los sufragios era atribución de las autoridades electorales, a un proceso donde esas funciones las realiza la propia ciudadanía; es decir el ciudadano es el protagonista el día de la elección, pues no solo acude a las urnas a ejercer su derecho al voto, sino que participa como autoridad electoral en las casillas. Así, la participación ciudadana blinda el día de la jornada a las elecciones, a prueba de trampas y de tramposos.
No obstante el desencanto que se expresa con nuestra democracia, no es pertinente juzgar nuestras elecciones a partir de las problemáticas estructurales que nos afectan: la pobreza y desigualdad; la corrupción, falta de transparencia y rendición de cuentas; la desconfianza en las instituciones políticas, entre otras. Las elecciones son parte de la solución de nuestros problemas, porque garantizan la transmisión pacífica del poder y la continuidad de la vida política en un entorno de pluralidad y democracia. La certidumbre de la organización política abona a un entorno económico y social favorable para la ciudadanía; dado que la estabilidad política incentiva el desarrollo de los mercados, la inversión y la cooperación internacional para una mejor economía; así como también contribuye a la convivencia social sin violencia, a la paz pública y a una vida comunitaria en solidaridad y fraternidad.
