En el sector empresarial, prevalece cada vez más la convicción de que el objetivo de los siguientes tres años es llegar sanos y salvos a la otra orilla.
¿Qué significa esto?
Lo que quiere decir es que más allá del intento de que el presidente López Obrador o el Congreso puedan ajustar algunas políticas, como por ejemplo la reforma eléctrica, el propósito más importante será que no se genere una inestabilidad mayor en materia financiera o política antes del cambio de gobierno.
En lo que toca al ámbito financiero, la certidumbre de que López Obrador tiene la convicción de que las finanzas públicas deben estar razonablemente equilibradas lleva a la conclusión de que no va a incurrir en un gasto deficitario, que pudiera producir inquietud entre los inversionistas.
Tampoco va a modificar de manera significativa el esquema tributario.
Ha establecido el compromiso de que las tasas impositivas no se moverán y los incrementos de la recaudación provendrán de la eficiencia administrativa, así como de una eliminación del proceso de erosión de la base tributaria, lo que de por sí ha resultado bastante traumático para muchos sectores.
En este mismo capítulo, el presidente de la República sigue convencido de respetar la autonomía del Banco de México, por lo cual éste tomará sus decisiones en materia de política monetaria y tasas de interés en función de sus objetivos de control de la inflación, sin mayor presión.
En el terreno político la situación puede ser más complicada que en el ámbito financiero.
Aunque el presidente López Obrador no está buscando per se una crisis política, el manejo que ha hecho de sus críticas a las autoridades electorales, a los medios de comunicación, a los organismos autónomos, entre otros, podría conducir a una situación de inestabilidad entre actores políticos y sociales.
Sin embargo, pese a ese riesgo, creo que la mayor amenaza de inestabilidad no provendrá de esas fuentes de conflicto, sino de lo que pudiera pasar al interior de Morena.
Unos señalan que en esta segunda parte de la administración es claro que el presidente López Obrador ya perdió el control de los procesos políticos, sobre todo de los que se dan al interior del partido en el gobierno.
No obstante, esto no significa que haya perdido el poder.
Quienes saben de la historia, recuerdan a dos presidentes que perdieron el control del país, pero no el poder.
Fueron Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo.
En 1976, en los últimos días del gobierno echeverrista, ya con López Portillo como presidente electo, Echeverría tuvo que aceptar la devaluación de la moneda, terminando con décadas de estabilidad cambiaria y además generó una crisis al expropiar zonas muy importantes de producción agrícola en el estado de Sonora, apenas a 10 días del fin del sexenio.
Echeverría quiso expresar que tenía el poder hasta el último día.
Pero, quizás como ningún otro, López Portillo a un par de meses de dejar el poder, tomó la decisión de expropiar la banca privada del país y establecer un control generalizado de cambios, aun a sabiendas de que esas decisiones no serían avaladas por el presidente electo, Miguel de la Madrid.
Fueron planeadas en secreto y organizadas sin el conocimiento de quien tres meses después habría de ser el presidente de la República.
Hoy todavía se vivien sus consecuencias.
Lo que algunos empresarios –sobre todo aquellos que experimentaron esos momentos o que han tenido referencia de ellos por sus padres– buscan ahora, es que al margen de lo que suceda en el país, no tengamos un término de gobierno equiparable a lo que ocurrió en 1976 y 1982.
No va a ser fácil, hay posibilidades de que ese escenario se repita.
Evitarlo será uno de los objetivos del sector privado, y así habrá que entender una parte sustancial de su relación con el gobierno en el tiempo que resta de esta administración.
