El día de ayer, en la edición electrónica de El Financiero, le comenté que uno de los riesgos que existen hoy en México es la posibilidad de que antes de que termine el sexenio, el presidente López Obrador decida repudiar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
Pero no es el único que se perfila al término de esta administración.
En la conversación que sostuvimos en La Silla Roja, en El Financiero Bloomberg TV, con Luis Carlos Ugalde (transmitida ayer por la noche), revisamos algunos de los riesgos políticos que existen en México en los siguientes dos años y medio.
Además del tema vinculado con el TMEC, otro de los peligros más claros tiene que ver con el proceso electoral del 2024.
Si, al margen de que Morena esté haciendo todo lo posible por tener una ventaja en ese proceso, en lo legal y en lo que no lo es tanto, resultara que la oposición triunfara por un margen relativamente pequeño, existe la posibilidad de que Morena y el gobierno desconocieran el resultado.
Se trataría de algo parecido a lo que sucedió en el 2020 con la elección en Estados Unidos.
¿Cómo se expresaría el rechazo al resultado electoral?
De modos muy diversos que van desde la impugnación jurídica hasta la movilización política.
En el 2006, López Obrador no aceptó su derrota en la elección presidencial y realizó un plantón de varias semanas en el centro de la Ciudad de México.
La diferencia respecto a aquel año es que ahora él está en el poder, y podría negarse a abandonarlo, precisamente como una expresión de ese rechazo.
O bien, se podría crear una crisis constitucional en la que se impida que el candidato ganador tome posesión.
Pareciera un escenario extremo, y lo es. Pero es algo que no es imposible.
En el mismo sentido, en el proceso hacia el 2024 otra posibilidad es que las autoridades electorales inhabiliten a alguno o algunos de los aspirantes de Morena que están realizando actividades electorales anticipadas.
En ese caso, también hay un riesgo de que López Obrador y Morena rechacen la decisión de la autoridad electoral y generen una crisis institucional.
Uno más de los riesgos tiene que ver con la composición del Instituto Nacional Electoral (INE).
Ante el hecho de que se requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados para definir a los cuatro consejeros que dejarán sus cargos en abril de 2023, una posibilidad es que Morena decidiera no iniciar el proceso para reemplazarlos con objeto de que el INE quedara integrado sólo por siete consejeros, con un consejero presidente que fuera nombrado por los propios consejeros.
Aunque no es imposible que el INE funcione de esta manera, habría un evidente debilitamiento de la autoridad electoral en un contexto de potenciales conflictos.
Una autoridad electoral débil, con una elección competida y en donde hay una fuerza política que sistemáticamente se salta las reglas puede ser la combinación segura para una crisis.
Por si algo faltara, también hay que tomar en cuenta la posibilidad de que en el 2024 haya una intervención más activa del crimen organizado, si es que perciben que puede haber un cambio en la estrategia del actual gobierno, que le ha permitido a los cárteles tener una acción mucho más abierta que en otros momentos.
La enumeración de los riesgos políticos no implica que las situaciones descritas vayan a presentarse.
Pero sí que son posibilidades que no pueden descartarse.
Más nos vale tomarlos en cuenta.
