Una constante crítica a quienes forman parte de la llamada “clase política” es que gozan de un salario exageradamente elevado. Tan solo en Baja California Sur, un diputado local puede llegar a ganar más de cuatrocientos mil pesos mensuales, los cuales se distribuyen de manera estratégica para que tales cantidades no se vean reflejadas en sus cheques quincenales pero sí en sus bolsillos. Me explico:
Un diputado local, según información de la página web del Congreso del Estado, cuenta con un sueldo base que oscila entre setenta y noventa mil pesos mensuales, dependiendo las comisiones que le sean asignadas. A eso hay que agregarle un aproximado de dieciséis mil al mes para consumo de gasolina, y un subrubro del apartado de Servicios Personales denominado Remuneraciones adicionales, especiales y otras ayudas, de un total de noventa y cinco millones de pesos anuales a repartir entre los veintiún legisladoras y legisladores: a falta de transparencia, pues Baja California Sur es uno de los estados con más opacidad del país, sólo podemos estimar que este subrubro le otorga a cada diputado más de trescientos setenta mil pesos cada mes. En suma, reciben casi cuatrocientos sesenta y seis mil pesos mensuales entre salario y servicios personales, el equivalente a dos carros nuevos o a una casa de interés social cada mes.
Esto nos explica la razón por la cual se mantiene la clase política ajena a la realidad que vivimos, a la crisis económica que sufrimos. Y es que ellos mismos eligen su sueldo, lo que de manera evidente resulta un conflicto de interés porque ¿quién de nosotros, como las diputadas y los diputados, elige cuánto dinero gana en su trabajo? Nadie.
Ellos, legisladoras y legisladores, son servidores públicos y deben servir a las personas, no como ocurre hoy, que nosotros, con nuestros impuestos, les servimos a ellos y recibimos a cambio solamente indiferencia. Las diputadas y los diputados son nuestros subordinados. Es por ello que consideramos pertinente abrir al escrutinio público cuánto debe ganar un funcionario en un cargo de elección popular, en este caso diputadas o diputados locales, y tal acto de justicia se consigue a través de un mecanismo de Democracia Participativa.
Hay quienes consideran esto “demagogia” o “populismo”. Para ellos habría que definir estos conceptos: el primero se plantea ante una figura que busca una dominación tiránica. Nadie del equipo de esta campaña busca eso, y mucho menos halagos y falsas promesas. Queremos austeridad salarial, y la única forma de llevar acabo esto, de manera ética, es que quienes van a pagar con sus impuestos mi futuro salario decidan cuánto es un monto justo. Y sobre el populismo, habrá que aclarar en todo caso que esta propuesta surge como un acto de justicia social, porque estamos planteando una forma de hacer política de manera alternativa, una en la que las personas participen realmente en la toma de decisiones y no sean meramente espectadores, que se involucren inclusive en algo tan delicado como es el financiamiento de un funcionario. ¿Eso es populismo? Si la respuesta es sí, entonces en todo caso no consideramos que sea un adjetivo negativo, en todo caso nada más que un sustantivo.
Desde que inició esta campaña hemos vamos casa por casa platicando de las propuestas de la futura bancada ciudadana, a la vez que aplicamos la Consulta Ciudadana de Salario Justo, en donde los ciudadanos del Distrito II deciden cuál será mi ingreso mensual como miembro del Congreso del Estado, logrando al mismo tiempo varios objetivos:
*Este grupo de ciudadanos demostrará que se puede trabajar sin dispendio de recursos y obtener logros tangibles.
*Transparentaremos la forma en que los ingresos son asignados, manejados y ejercidos.
*La economía lograda a través de este ejercicio será invertida en necesidades que la comunidad considere pertinente solucionar (presupuesto participativo).
*Estableceremos ejemplo y precedente de que los ciudadanos deben decidir qué hacer con su dinero, de manera diáfana, participativa y reflexiva.
No se trata de renunciar sólo por ser austeros o congruentes, se trata de mejorar los procesos de decisión que estipulan los salarios de los legisladores, de abrir a la sociedad algo a lo que nunca ha tenido alcance, y a su vez evitar actitudes discrecionales, como renunciar a un porcentaje de ese sueldo sin ninguna valoración ciudadana, pues dicho salario se obtiene con el sudor y el trabajo de los mexicanos, quienes no están conformes con el desempeño de la clase política y están ávidos de involucrarse no solo en la austeridad salarial de funcionarios e instituciones, también en temas relacionados con la transparencia, la política comunitaria, la seguridad vial, protección del medio ambiente, el desarrollo urbano sustentable, seguridad vial, derechos civiles, acceso a educación, recuperación de espacios públicos, energías renovables.
Que los sudcalifornianos decidan cuántos pesos deben entrar a la bolsa de los funcionarios es únicamente el pretexto para una política alternativa y participativa, pues la ciudadanía debe involucrarse aún más en la distribución del presupuesto público. Esto es sólo el comienzo.
Nos vemos en la calle.
