La detención de Javier Duarte, con fines de extradición, es un gran paso del presidente Peña para reconciliarse con la sociedad mexicana, aunque no es ni puede ser el único.
Su captura desmiente que haya habido protección oficial para el exgobernador de Veracruz.
Resultó falsa la versión de que desde el poder presidencial en México se orquestó la huida de Javier Duarte.
Muchos pensábamos que la complicidad con Duarte era la única explicación de por qué el exmandatario veracruzano estaba libre.
No fue así. Era cuestión de tiempo y un acertado trabajo de inteligencia. Se encontraba oculto en Guatemala y el gobierno mexicano solicitó la colaboración de las autoridades de ese país a fin de aprehenderlo.
El gobierno que capturó dos veces al Chapo Guzmán también pudo con Duarte.
Lo hemos dicho muchas veces en este espacio: nadie puede contra el águila de frente.
El punto es que haya voluntad de parte del águila. Y quedó demostrado que sí la hay.
Se trata de una buena noticia para México: no estamos en manos de una mafia, como se nos quiere hacer creer.
La captura de Duarte es también un buen paso del presidente Peña para restaurar la credibilidad que muchos ciudadanos le han perdido.
Gran parte de la caída en la aceptación del presidente radica en su mano blanda hacia la corrupción de gobernadores y funcionarios.
Con este golpe dado al exgobernador de Veracruz se demuestra que hay la intención de castigar a los que abusaron con el patrimonio público.
Hay la posibilidad de que el presidente se reivindique con la sociedad que lo cuestiona y lo reprueba.
Se requiere, eso sí, que la depuración siga y no se detenga en el caso de Javier Duarte.
Ahí está el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido en Italia, que debe ser traído a México, juzgado en México y castigado en México.
Creer que con la aprehensión de Duarte se cumplió en el combate a la corrupción es un error. Se trata de un hecho muy importante, sin embargo hay demasiados agravios como para dejar las cosas hasta ahí.
La recuperación de la imagen presidencial, tan importante para defender el proyecto de modernización del país contra la amenaza de la restauración estatista y autoritaria, pasa por una limpieza de los actos que más han agraviado a la sociedad.
Duarte y sus trapacerías es uno de ellos, quizá el más estrafalario y desproporcionado, pero no el único.
La presunta vinculación de gobernadores con el narcotráfico, como es el caso de Tomás Yarrington, debe ser perseguida y castigada en este sexenio.
En la administración pública federal se necesita energía para castigar contubernios en la asignación de contratos a empresas que parecen haberse apropiado de las instituciones.
Totalmente esclarecido y con sanciones debe quedar el caso Odebrecht.
Hay que reconocer, sin embargo, el buen golpe dado con la captura de Duarte.
El gobierno no lo protegía. No existía tal complicidad entre el presidente y el exgobernador de Veracruz.
Tampoco hay selectividad partidaria en la captura de exgobernadores: ya están detenidos, en esta administración federal, Jesús Reyna, del PRI; Guillermo Padrés, del PAN, y Javier Duarte, también del PRI.
Quedó demostrado que existe sensibilidad ante el reclamo de la sociedad para combatir la corrupción en sus expresiones más grotescas, como Duarte.
Es un gran paso. Faltan otros.
