Entre la tristeza, sorpresa y el luto generados por el terremoto de 8.2 grados registrado el jueves en el sur del país, el fantasma de la corrupción nos ha visitado otra vez.
Pasaron pocos días para que este mal regresara a nuestras mentes como un tópico vital. La solidaridad mexicana se hizo presente en esta tragedia, pero también se apersonó la rapiña sobre el transporte humanitario que llevaba ayuda para las regiones afectadas. Algunas personas mostraron su interés en donar en efectivo algunos recursos para ayudar en los trabajos de reconstrucción de los pueblos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Sin embargo, poco tiempo pasó para que se levantaran dudas sobre cuál sería la mejor vía para apoyar a la población damnificada por este siniestro ¿A través de vías gubernamentales, algunas organizaciones o colectivos ciudadanos?
¿De dónde proviene esta profunda desconfianza hacia los gobiernos estatales? La burra no era arisca, así la hicieron los palos. Los primeros casos que se vienen a la mente son Chihuahua, Quintana Roo y claro está, Veracruz. Estos desfalcos, aunque son los más posicionados mediáticamente, están lejos de tratarse de manifestaciones únicas y endémicas de la corrupción.
Basta con recordar que en días recientes la iniciativa Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y el portal Animal Político, publicaron una serie de tres reportajes titulados “La Estafa Maestra”. En ellos detallan los esquemas con los cuales se presume, fueron desviados miles de millones de pesos de recursos públicos. En síntesis, las dependencias públicas concursaban proyectos, en su mayoría sobre el combate a la pobreza, y los adjudicaban de manera directa a universidades públicas a través de convenios. Éstas casas de estudio, de manera irregular, asignaban a empresas fantasma el servicio que las dependencias les habían encargado. La estafa está llena de domicilios falsos, contratos ilegales, prestanombres no enterados o desentendidos y, por supuesto, el cinismo típico de nuestra clase gobernante.
A la luz de estas afrentas que por ser norma y no excepción, nos han hecho retirar nuestra confianza en los gobiernos, es urgente que tomemos medidas profundas para el combate a la corrupción y el restablecimiento de la ley ¿Cómo hacerlo? Creo que un primer paso (de muchos) es evitar a toda costa que gobernantes corruptos lleguen al cargo, siendo mucho más severos con las candidaturas chuecas, que están dispuestas a romper las reglas y que se basan en los delitos electorales. Dicho de otra manera, es fundamental cerrarle el paso a los gandallas desde el momento electoral, evitando así que se encumbren en el poder.
Para lograrlo es necesario analizar la manera en que penalizamos las ilegalidades durante las elecciones. Por eso debemos sacudir lo que se hace actualmente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dotándola de autonomía y un presupuesto mayor ¿Por qué hacerlo? Básicamente porque hoy cualquier criminal electoral tiene la puerta abierta para lograr salirse con la suya y terminar siendo gobernante. Lo sucedido en Estado de México y Coahuila, conjunto de ignominias que quedaron impunes, son sólo una muestra de lo que puede suceder si se le da rienda suelta a estos tramposos.
Hoy la FEPADE reporta directamente a la Procuraduría General de la República, esto limita su autonomía, su secrecía y su capacidad para actuar frente a los operadores de los partidos, quienes tienen ojos y oídos por toda la dependencia. Pugnar por su autonomía no sólo significa crear un nuevo organismo en la letra, significa fundar un auditor capaz y lejano a los entramados políticos de la PGR. En el caso de los recursos basta señalar que por cada 100 pesos que reciben los partidos, la FEPADE recibe dos pesos. Esta enorme disparidad genera una gran ventana para que los delitos electorales puedan quedar en la impunidad, pues la responsabilidad de seguimiento, análisis e investigación de esta dependencia, se ve completamente olvidada frente a los enormes flujos económicos de los partidos.
Como pueden ver, estas son apenas unas primeras ideas que debemos discutir para reformar y refundar la prácticas electorales en México. Para retomar la confianza en el gobierno urge que a los corruptos los mandemos a banquillos, no a curules.
