En pleno 2021 hay derechos que deberían tener todas las personas pero que la ley no los contempla. Tal es el caso del derecho de las personas a ser cuidadas.
En noviembre del 2020 la Cámara de Diputados aprobó establecer el derecho al cuidado digno y crear el Sistema Nacional de Cuidados. Sin embargo, no se le dio ningún tipo de viabilidad financiera y tampoco ha sido aprobado el dictamen en el Senado para hacer la reforma constitucional pertinente.
De acuerdo con el informe de OXFAM, en México, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al menos a $1.7 billones de pesos, esto representa casi dos veces a la producción minera anual, y advierte: si nadie invirtiese tiempo, esfuerzo y recursos en este tipo de actividades; comunidades, centros de trabajo y economías enteras se colapsarían por completo.
Cuidar de las y los demás, cocinar, limpiar, acompañar y ayudar son tareas esenciales para el bienestar de la sociedad, las comunidades y la economía. La pesada y desigual responsabilidad del trabajo de cuidados que injustamente recae sobre las mujeres, perpetúa tanto las desigualdades económicas como la desigualdad de género.
Esto tiene que cambiar. Se debe invertir en sistemas públicos de atención y cuidados que permitan garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad y proteger a las personas que se ocupan del trabajo de cuidados.
Los cuidados para sostener la vida han sido invisibilizados, feminizados, racializados, privatizados y, la mayor parte del tiempo, no remunerados. Son un subsidio de quienes cuidan a la actividad económica, y al desconocerlos, y delegarlos, se han precarizado.
La comprensión amplia del trabajo de cuidados ha sido impulsada por el movimiento de los derechos de las mujeres como un llamado a la colectivización del cuidado, para que todas y todos participemos de él. Para garantizar el derecho a ser cuidado, debemos reconocerlo como un trabajo y con ello, los derechos laborales de quienes lo realizan.
Por asumir las responsabilidades del cuidado, las mujeres han optado por ocuparse en actividades precarizadas que pese a que son informales, de tiempo parcial o mal pagadas, les permiten flexibilidad para ocuparse de sus hijos e hijas, adultos mayores o la casa. El trabajo por cuenta propia que realizan muchas mujeres no es necesariamente por elección propia, es, en muchas ocasiones, una estrategia que les permite equilibrar los ingresos que necesitan obtener con las responsabilidades que la sociedad le ha asignado tradicionalmente.
Debemos transitar a un paradigma de desarrollo basado en el cuidado como soporte de la vida cotidiana, como fórmula de interacción con el medio ambiente y como plataforma para el desarrollo económico inclusivo. Adoptar la idea de ciudades cuidadoras, que te cuidan, te dejan cuidarte, te permiten cuidar y cuidan del entorno.
Cuidar es corresponsabilidad de todas y todos. Los gobiernos deben garantizar el derecho al cuidado y disponer recursos humanos y financieros para ello. Deben asumir un papel de coordinador de un esfuerzo colectivo mayor, que movilice a las empresas empleadoras, a las universidades y a las organizaciones de la sociedad civil para que se sumen a esta tarea de cuidar como forma de retribuir a las mujeres y a las familias el esfuerzo que realizan para que la sociedad funcione y produzca.
Existe infraestructura y servicios diversos que están dispersos y cuentan con poco recurso para tener una cobertura significativa de atención a personas en situación de dependencia. Por esta razón se debe impulsar una Sistema Integral de Cuidados en todos los niveles de gobierno, en el cual se integren diferentes áreas gubernamentales, sociedad civil y sector privado, para articular servicios, construir infraestructura y generar políticas públicas para las personas que requieren ser cuidadas y quienes las cuidan.
