Tras las derrotas priistas en las recientes elecciones para gobernador en seis estados, más de una decena de expresidentes del partido le pidió al líder nacional, Alejandro Moreno, que renunciara.
Moreno, con la soberbia que lo caracteriza, les respondió que él no había sido nombrado por el presidente, refiriéndose a Enrique Peña Nieto, sino por las bases. Por lo tanto, enfrente de todos, tiró la propuesta a la basura. Moreno les mintió, no una sino dos veces. Sí fue puesto por Peña Nieto, en calidad de expresidente, porque así le informaron que quería el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo puso un presidente sino dos, y el que manda ahora, por mentiroso y traidor, lo quiere eliminar del mapa político.
Con todo el respaldo del gobierno y los ojos cerrados y oídos sordos de la Fiscalía General, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha seguido difundiendo audios que le entregó el Centro Nacional de Inteligencia para mantener el proceso de aniquilación de la imagen de Moreno, que fue su predecesor. Sansores viola sistemáticamente –y con dolo– la ley al difundir grabaciones obtenidas de manera ilegal, pero cuando se trata de una operación de Estado, en este régimen la ley es lo de menos. Son más de 60 horas de audios de Moreno, obtenidos mediante intercepciones telefónicas extrajudiciales y a través del micrófono de su teléfono móvil. Se puede decir que tienen todo sobre él, lo público, lo privado y lo íntimo.
Moreno, que no tiene idea cuántas cosas sobre él existen, ya no aguantó la presión cuando la fiscalía de Campeche cateó sus propiedades hace una semana como parte de la investigación en su contra por enriquecimiento inexplicable cuando fue gobernador. Tomó un avión y viajó a Ginebra, para denunciar en la oficina de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, una persecución del gobierno mexicano en su contra. No se sabe si realmente la presentó, pero eso dijo. Había dicho que iría a Washington a presentar la misma denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ya no fue. En suma, quien sabe cómo funcionan esos organismos sabe que esas acciones fueron juegos pirotécnicos para apantallar a la gradería.
Más allá de la investigación en Campeche, que tiene su propia dinámica, Moreno tiene razón cuando habla de una persecución del gobierno federal en su contra. Su retención en el aeropuerto este domingo a su regreso de Europa por una alerta migratoria es parte de esa presión pegada a su espalda.
La utilización del aparato de inteligencia civil del Estado para cualquier fin, la violación a la ley por parte de Sansores sin que haya freno, la omisión generalizada –empezando por los medios– de que hay una transgresión al Estado de derecho con las grabaciones ilegales, apoya sus argumentos políticos a su estrategia, que, sin embargo, no deja de ser política y mediática en busca de blindaje. Es un asunto individual, en defensa de sus intereses personales, porque debe sentir que se juega la vida política y, por las investigaciones en Campeche, la libertad.
Moreno está frito porque, se puede decir, él mismo se metió al fuego al traicionar a todos. Incluso, al facilitador de su presidencia, su compadre por tres décadas, el senador Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, que en algún momento fue cercano a López Obrador. Velasco fue quien llevó a Moreno con López Obrador para decirle que quería ser líder del PRI, y el Presidente lo recibió con buenos ojos. La idea era que desde la dirigencia nacional del partido lo apoyara en la agenda legislativa para sacar sus reformas. Con el visto bueno de López Obrador, Velasco habló con Peña Nieto, sumiso ante López Obrador, que aun como expresidente tenía incidencia en las decisiones del partido, y envió el mensaje que, por edad, sería mejor que el PRI hiciera de lado a quien lo iba a presidir, José Narro Robles, y optara por Alito.
Es decir, antes de ser líder del PRI, Moreno ya había traicionado al PRI y a la oposición, con la que formaría más adelante Va por México. Después incumplió los compromisos con López Obrador cuando se puso a discusión la reforma eléctrica. Ofreció los votos a cambio de las gubernaturas de Campeche, el año pasado, y de Hidalgo, en este. En ambos casos la respuesta de López Obrador fue negativa. Había un acuerdo previo, que debió respetar. Moreno se reunió en varias ocasiones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para encontrar alternativas, pero tampoco llegó a ninguna parte.
La contraofensiva vino con Sansores, que agudizó las contradicciones en el PRI. Dos prominentes priistas que estuvieron en la reunión con Moreno cuando rechazó renunciar, hablaron con el secretario de Gobernación para explorar si existía alguna forma que el gobierno lo presionara. López Obrador, que considera a Moreno un enemigo, instruyó al secretario que los escuchara, pero que no se involucrara. La gatillera de Campeche haría el trabajo sucio. Lo que sucedió el domingo en el aeropuerto es una ratificación de que no dejarán de hostigarlo.
La Alianza Va por México sigue respaldando al presidente del PRI, pese a que lo único que está haciendo es cargando un muerto. Moreno tiene dos frentes abiertos muy complicados. Uno es la investigación en Campeche, que entre más avanza, más información surge sobre el enriquecimiento ilegal del que lo acusan. El otro es con el gobierno federal, donde es tan notoria la sevicia, que no importa que los audios vayan quemando fusiles en la oposición que habían sido útiles para el Presidente.
El respaldo a Moreno por parte de los aliancistas puede interpretarse en este momento como un cierre de filas para no mostrarse intimidados por la embestida gubernamental. Pero deben entender que Alito es su pierna gangrenada y que tendrán que deshacerse de él. Es la misma situación dentro del PRI, para los aliados incondicionales de Moreno, que deberán considerar soltar su lastre antes de que también los ahogue. Entre más pronto, mejor.
