Las palabras del fiscal Alejandro Gertz Manero al cumplirse seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, prometían una inmensidad. Ese crimen “deleznable” no había sido cometido sólo por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que era consecuencia de una conducta “delictiva integral, permanente y reiterada, que refleja(ba) los niveles de corrupción de un régimen”, donde, desde lo más alto a lo más bajo, “encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”. Apenas podía uno respirar con ese arranque, pero, al terminar de oír las mil 613 palabras de su discurso el sábado, la “verdad histórica” de ese régimen que marcó con fuego seguía en pie.
Gertz Manero dejó mucho que desear después de tantas cosas prometidas. Recicló las investigaciones del gobierno federal y de Guerrero en 2014, y la nueva cronología de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala que prometió, no existió. No hubo explicación de nada, como la investigación que lo llevó a la Barranca de la Carnicería en Cocula, donde supuestamente se encontraron el 7 de julio los restos de un tercer normalista, Christian Alfonso Rodríguez.
La verdad auténtica de Gertz Manero es igual a la verdad histórica del exprocurador general Jesús Murillo Karam: los jóvenes fueron atacados por una confusión, en el contexto de la lucha entre bandas de criminales. Para este, fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula; para el fiscal fue una matanza”, pero no precisó dónde.
Gertz Manero informó que “hay acusaciones” de que no fueron 43, sino 80 personas las asesinadas por “diferentes grupos delictivos”. No se sabe de dónde salió ese número, salvo que haya sumado los 28 cuerpos encontrados en las fosas de Pueblo Viejo por el equipo del entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, 10 días después de la desaparición de los normalistas, aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense, que revisó varios de los restos humanos, dijo que no pertenecían a los normalistas. Tampoco se tiene conocimiento de que otro grupo delictivo distinto de Guerreros Unidos, que está documentado en grabaciones que tiene la DEA –no solicitadas por la Fiscalía–, fuera el responsable de la desaparición, o participara en el crimen, como afirmó Gertz Manero.
Así de vociferante en sus acusaciones sin pruebas, calló sus nuevas acciones, o dejó los reflectores al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó lo único nuevo, las órdenes de aprehensión contra policías federales –en ese entonces bajo el mando en Guerrero de Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad en la Ciudad de México–, y militares que probablemente pertenecían al Batallón 27º de Infantería, que se encuentra en Iguala, y sobre quienes, desde el principio, cercanos al Presidente han querido sentar en el banquillo de los acusados, acusándolos de haber participado en las acciones de la desaparición y del crimen.
El Ejército siempre lo ha negado. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una bitácora de lo que sucedió esa noche, donde una tercera parte de sus elementos estaba en comisión en la zona de Taxco, en un operativo contra criminales, otra tercera parte estaba franca, y el resto, compuesta básicamente por personal administrativo, de cocina y mantenimiento, fue enviada a las calles de Iguala para que reportaran qué estaba sucediendo. De hecho, gracias a la información de uno de ellos, que abandonó su bicicleta para huir corriendo cuando lo descubrieron los criminales, se supo que un grupo de normalistas había sido entregado a delincuentes en la zona del Palacio de Justicia local.
Gertz Manero nunca explicó el móvil por el cual el gobierno federal desapareció a los normalistas y encubrió el crimen, pero omitió culpar de nada al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, a quien apoyó López Obrador para que llegara al cargo, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de los fundadores y jefes iniciales de Guerreros Unidos, pese a que figuran de manera prominente en las grabaciones de la DEA. Básicamente todos los hallazgos que informó se encuentran contenidos en el informe especial que realizó el fiscal Blanco cuando entregó la investigación a la entonces PGR, y en la Recomendación y Ampliación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016 y 2018.
El 11 de abril de 2016, se preguntó en este espacio: ¿Cómo quedaría Peña Nieto ante la historia si se supiera la forma como se procesó el crimen de los normalistas en los primeros momentos y horas de sucedido? La noche del 26 de septiembre de 2014, la Secretaría de Gobernación no reaccionó con celeridad. La 35ª Zona Militar en Chilpancingo, a la que respondía el Batallón 27º de Infantería, dijo no tener información. Murillo Karam dijo el 28 de septiembre en Los Pinos que se trataba de una “depuración” de narcotraficantes, por lo que se decidió que el gobierno no interviniera, pese a que el delito era desaparición forzada. Ya sabemos cómo quedó, acusado de un “crimen de Estado”. ¿Cómo quedará López Obrador después de este informe?
El gobierno salió con una narrativa pendenciera, pero sin novedades. Usó el trabajo de quienes denunció de corruptos y criminales. Lo único que cambió radicalmente es el tono acusatorio contra el anterior gobierno, y el reconocimiento del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que la única verdad es que no hay verdad. Ni la histórica de Murillo Karam, ni la auténtica de Gertz Manero.
Seguimos como hace seis años, sin saber dónde están los normalistas, pero hay un cambio importante: hoy son todas las autoridades federales y estatales quienes están formalmente en el banquillo de acusados, mientras los criminales están libres o son “testigos protegidos”, y Guerreros Unidos obtuvo las indulgencias del lopezobradorismo por este crimen que cometió.
