En ocasión de uno de los últimos informes de Fidel Herrera como gobernador en Veracruz, Manuel Bartlett conversaba en el desayuno con José Murat. Exgobernadores priistas ambos, el primero le dijo al segundo algo así como “todo empezó a ir mal cuando Salinas privatizó COTSA”.
En ese almuerzo en el puerto jarocho, el poblano se dolía de que el gobierno hubiera perdido algo que le permitía controlar lo que los mexicanos veían en el cine. La charla ocurrió bien entrado el siglo 21, pero el hoy director de la Comisión Federal de Electricidad añoraba un estatismo echeverrista.
Una década después las series y las películas se consumen en plataformas digitales y hay serias dudas sobre si las salas de cine sobrevivirán, y cómo, a la pandemia, que representa sólo el último de los retos para un negocio surgido de la forma en que originalmente se apreciaba el séptimo arte.
Pero para la gente como Bartlett, o como López Obrador, el pasado no es pasado, por lo que es posible intentar atrasar el reloj. De eso se trata la iniciativa de energía eléctrica que anunció el Ejecutivo la semana pasada. De echar reversa al tiempo, de inventarse las condiciones.
Dejemos a los expertos pronunciarse sobre la iniciativa de AMLO en materia eléctrica: sobre su viabilidad en cuanto a generación y distribución de electricidad, o sus implicaciones en términos de sustentabilidad y el impacto que tendría en la economía; o sobre las consecuencias que implicaría faltar a los acuerdos internacionales, o cancelar licencias o permisos. Ese debate es técnico, jurídico e indispensable, pero rebasa a este espacio.
Independientemente de las eventuales ventajas o desventajas que subrayen los especialistas sobre la propuesta de ley para la industria eléctrica, es claro que el Presidente y su titular de la CFE quieren una comisión que en el pasado no existió.
Dicho de otra forma. No hay mexicano que no desee tener una Comisión Federal de Electricidad moderna, eficiente y competitiva, una empresa del Estado que siempre vele por el interés de sus clientes: las familias y las industrias de México.
Pero cualquiera que haya alcanzado la edad adulta antes del año 2000 sabe muy bien que la CFE, a la que según eso aspira regresar AMLO, no existió para los mexicanos ni en el siglo pasado.
Una historia veraz del sector energético mexicano tendría que incluir la corrupción e ineficiencia de las empresas del Estado cuando eran monopólicas, y no sólo cuando se fue dando su apertura, que inició en los 90 en la electricidad.
Los gobiernos anteriores a la alternancia construyeron a Pemex y a la CFE, es cierto, pero también fueron autores de su gran debacle: de la corrupción y del saqueo.
Los gobiernos de la alternancia impulsaron una apertura al sector privado que fue un tanto por necesidad –al no ser capaces de enmendar los vicios de las paraestatales para competir en un mundo cambiante–. Pero, también es cierto, permitieron nuevos abusos, tanto de burócratas como de entes privados.
Ahora, AMLO propone una suerte de neomomento fundacional. Apela a López Mateos para santificar su iniciativa estatista. El problema –pequeño detalle– es que el gobierno del tabasqueño es todo menos ejemplo de eficiencia a la hora de administrar.
Ya tuvo tres años la administración y no puede con el paquete dentro de un entorno de competencia. Así que mejor cambiar las reglas y agandallarse el negocio.
Porque la nostalgia de AMLO, Bartlett & Cía es por el control, no por la eficiencia en los mercados, sean del entretenimiento o el eléctrico. Es mucho más que supuesto nacionalismo.
