El reportaje que documentaba la mecánica detrás de desvíos detectados por la anterior Auditoría Superior de la Federación tuvo un gran defecto: inadvertidamente, en su título profetizó la impunidad que, a pesar de todo lo que se ha publicado sobre esos multimillonarios desfalcos, ampararía a demasiados de sus perpetradores.
La Estafa Maestra era un título que jugaba, claro está, con la idea de una perversidad hecha con sofisticación –el desvío de miles de millones de pesos mediante el uso de entidades públicas y empresas irrastreables– y con el hecho de que el fraude se realizó utilizando, sobre todo, universidades.
Hoy queda claro que la maestría de ese esquema de desvíos diseñado para la impunidad está a punto de cuajar. Fiscales y jueces se prestan y aprestan, desde sus respectivas funciones, a rematar la jugada, a ser la pieza que faltaba para que exfuncionarios señalados se salgan con la suya sin pagar una reparación de daño que realmente merezca ese nombre.
El último capítulo de esa impunidad lo reportó el lunes Reforma, que en su primera plana de ese día publicó la siguiente nota: “El juez federal Antonio González García prohibió por tiempo indefinido a la Fiscalía General de la República solicitar orden de aprehensión contra tres excolaboradores de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, en una investigación relacionada con la Estafa Maestra”.
“El fallo favorece a Humberto René Islas Cortés, exdirector de Recursos Materiales; Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza, directora de Recursos Humanos, cargos que desempeñaron en las dos dependencias”.
“Zaragoza y Prado son investigados por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos que hizo la Sedesol con la Universidad Intercultural del Estado de México”. La nota, titulada Arman Estafa y juez los blinda, termina diciendo que en casi tres años la Fiscalía General de la República no ha conseguido procesar a ninguno de los mencionados.
Sólo para recordar, en los reportajes contenidos en la serie bajo el nombre de La Estafa Maestra se documentaban empresas y entidades públicas involucradas en desvíos por 7 mil 600 millones de pesos, correspondientes a un corto periodo del sexenio de Peña Nieto. Sólo detrás de Pemex, el equipo de Emilio Zebadúa fue el que más monto había dispersado mediante ese mecanismo.
Hoy Rosario Robles está en la cárcel en forma abusiva. Pero la gran mayoría de sus excolaboradores apenas si ha tenido que preocuparse por diligencias judiciales. Ello a pesar de que los equipos de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, por su lado, y muchos otros medios por el suyo, han seguido reportando las irregularidades de tales desvíos.
El caso de Robles, ya se ha dicho, pero no está de más repetir, suena a clara vendetta por parte de sus excompañeros, hoy en la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué la poderosa FGR, que ha logrado encarcelar a barones del capital como Juan Collado o Alonso Ancira, no puede con exfuncionarios de medio rango, pero señalados en fraudes de cientos de millones de pesos? Vaya misterio.
El presidente López Obrador ha dicho varias veces que en temas de abusos y corrupción su prioridad es que se regrese lo robado. En algunos casos parece actuar así, pero no en la Estafa Maestra, que pinta para profecía autocumplida con ayuda del gobierno que supuestamente impulsaría la justicia.
El reportaje, publicado en 2017, hizo su parte al denunciar un esquema de expolio gubernamental. Pero no contábamos con la FGR y el Poder Judicial, que se afanan en redondear la maestría de la estafa.
