El tono de la campaña electoral del continuismo está servido. El gobierno y su candidata machacarán una letanía donde el Poder Judicial, en abstracto, es el culpable de la impunidad, léase de la falta de cárcel para los criminales, pero también el órgano que libra de castigo los abusos de potentados y corruptos.
Es una forma tan sagaz como tramposa de no rendir cuentas. Seis años fueron muy pocos, dirán el gobierno y su partido, para desmontar complicidades tejidas durante cinco sexenios. Montados en eso, para obrar fast track, pedirán mayorías constitucionales a fin de capturar al PJ.
¿Que la economía no va tan bien? Es que los jueces otorgan amparos a los extranjeros que frenan la política energética nacionalista. ¿Que los criminales dominan regiones enteras? Los agarramos y son liberados por magistrados. ¿Que falta dinero para obras? La Corte tiene mucho y se niega a regresarlo.
Las capas bajas y medias saben que al hablar de justicia mientras más pobre, más expuesto a ser esquilmado por policías y fiscales; y que el juez preside una instancia a la que cuando un acusado pobre llega, ya está condenado por la falta de adecuada defensa o por la suma de abusos del sistema.
En sentido opuesto, la víctima pobre de un delito a lo más que aspira es a que, en un rebote de azares, el perpetrador del mismo sea procesado; y ese paso, ya de suyo un hito, no garantiza que el presunto criminal sea condenado conforme a las leyes y haya justicia.
Esas dos caras de la impunidad son el caldo de cultivo para un resentimiento social que ha sido premiado en este gobierno con el aumento de delitos que ameritan prisión forzosa. Así, hay parte de la población que reconoce a esta administración porque antes de viriguar, encarcela a más.
Sobre esa realidad –que es una así haya jueces y magistrados de mayor o menor profesionalismo, en el ámbito local o federal– caen los denuestos del Presidente contra la Suprema Corte y toda la llamada familia judicial. La insidia presidencial abona el fértil terreno del descontento por la impunidad.
AMLO tiene ya al chivo expiatorio de su renqueante gobierno: un Poder Judicial que sirve a los que pueden pagarse abogados ha sido el instrumento de los poderes fácticos para intentar frenar sus programas y obras, para bloquear las posibilidades de dar un golpe de timón al neoliberalismo.
Y la campaña de Claudia Sheinbaum repetirá idéntica partitura: ¿por qué sigue habiendo corrupción?, por las y los ministros; ¿por qué te piden derecho de piso en tus cosechas o en tu tendajón?, porque los jueces están coludidos; ¿y el desabasto de medicinas?, ve, la Corte tiene un sauna de oro.
Que uno de los partidos que ayuda al oficialismo en su cruzada por socavar al Poder Judicial sea el Verde, esa generación de personajillos a cual más de cuestionable uno que el otro, sería un giro dramático para tirarse de risa si lo que está implícito –la captura de un poder– no fuera cosa muy seria.
El reto para la oposición es crear una contranarrativa que, simultáneamente, implique pedagogía, autocrítica y sentido de alerta. Autocrítica porque esa pedagogía no puede ser desde el tutelaje ni subestimando las reales deudas del Judicial con los más pobres.
A favor de la oposición están las demostraciones de que prácticamente cuanto ha tocado el gobierno se descompone. Sin embargo, no hay que subestimar la potencia del discurso oficial que ofrecerá una justicia justa y no la ley que para tantos sólo ha representado letra muerta, mas hiriente.
